El Parlamento de Galicia, con los votos a favor del PP y la abstención de la oposición, ha acordado instar a la Xunta a exigir al Gobierno del Estado colaboración económica para garantizar la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años a todas las familias gallegas.

La iniciativa ha sido defendida en la Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego por la diputada del PPdeG Marta Rodríguez Arias, quien ha destacado que Galicia «lidera el apoyo a las familias» con la gratuidad de las escuelas infantiles para segundos hijos y sucesivos.

La proposición no de ley de los populares gallegos ha contado con enmiendas de todos los grupos de la oposición, que han coincidido al afear al PPdeG que solo pida compromisos del Gobierno cuando no es su partido el que ostenta el poder y han optado por la abstención en la votación.

POSTURA DE LA OPOSICIÓN

«El PP sólo pide cuando no gobierna en el Estado», ha censurado la diputada del Grupo Mixto Paula Vázquez Verao, quien ha asegurado que el PP votó en contra de iniciativas en este sentido cuando gobernaba en Madrid.

Vázquez Verao, asimismo, ha reclamado a través de una enmienda, que fue rechazada por el grupo mayoritario, un plan para equiparar los permisos de maternidad y paternidad hasta un año, con el compromiso de elevar el permiso de maternidad hasta las 26 semanas.

Por su parte, la nacionalista Montse Prado ha asegurado que el BNG no caerá en la «estrategia de campaña del Partido Popular de hacerse las víctimas del agravio del Estado con Galicia». «Es evidente que hay un agravio y que al PP no le interesa terminar con éste, sino utilizarlo como arma arrojadiza», ha argumentado.

Además, en una enmienda, ha pedido integrar la educación de cero a tres años en la Consellería de Educación y elaborar un plan de construcción de escuelas infantiles que permita una oferta equitativa de plazas públicas. También ha exigido negociar un nuevo modelo de financiación basado en el concierto económico y la bilateralidad con el Estado.

«NO SE PUEDE DESVINCULAR DEL NIVEL DE INGRESOS»

En su intervención, Paula Quinteiro (Grupo Común da Esquerda) ha considerado que la gratuidad de las escuelas para el segundo hijo puede ser «discriminatoria». «No se puede desvincular del nivel de ingresos de cada familia. De hacer un derecho progresivo, debería empezarse por las familias con más dificultades económicas», ha manifestado.

En su enmienda ha reclamado la puesta en marcha de medidas para garantizar la gratuidad de la educación infantil en la red pública, así como que se establezcan plazos para la implantación de esta medida «cuanto antes», contando, si fuese necesario, con la solicitud al Gobierno de colaboración para completar la financiación.

Por último, la diputada socialista Noela Blanco ha acusado a la Xunta de «utilizar a los niños para hacer campaña» y ha presentado una enmienda en la que pedía incrementar el número de plazas públicas hasta eliminar las listas de espera sin necesidad de incrementar los conciertos con entidades privadas.

Además, entre otras cuestiones, ha reclamado garantizar, a partir del curso 2020-2021, que durante la época de vacaciones escolares se cubrirá el total de la demanda existente en plazas de escuelas infantiles públicas, así como que se disminuyan los precios de las escuelas infantiles públicas.

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Por otra parte, en la comisión, ha sido rechazada por el PP una iniciativa del BNG que pedía instar al Gobierno gallego a poner en marcha de forma inmediata un plan de atención a las personas en listas de espera tanto para una evaluación como para que se materialicen las ayudas que tienen reconocidas.

Además, la medida exigía que no se mantengan «plazas vacías en las residencias de mayores de la Xunta, específicamente en la Residencia Pública de Porta do Camiño en Santiago de Compostela, en tanto existan personas demandantes en las listas de espera».

La proposición no de ley defendida por la nacionalista Montse Prado, que ha contado con el apoyo de toda la oposición, no ha salido adelante debido al voto en contra del Grupo Parlamentario Popular.

En concreto, la diputada Marta Fernández Arias (PP), que ha puesto en valor la acción de la Xunta en materia de atención a la dependencia, ha presentado una enmienda que pedía sustituir el texto resolutivo por otro en el que se instase a la Administración autonómica a «continuar incrementando el número de personas dependientes atendidas, así como instar al Gobierno central a que se comprometa con la Ley de dependencia e incremente su cuota de financiación de estos fondos hasta el entorno del 50%».

«Galicia financia el 76% de la ley de dependencia y el Estado el 24%. Usted pide más recursos pero no habla de que nuestra comunidad financia el 76% de lo que cuestan», ha manifestado la parlamentaria popular, grupo que finalmente votó en contra al no ser aceptada su enmienda de sustitución del texto inicial.