Los traspasos a Galicia de autorizaciones iniciales de trabajo a personas extranjeras y de aeródromos no comerciales se cerrarán, en principio, en una Comisión Mixta de Transferencias en la comunidad en la que está previsto que participe el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el próximo jueves 5 de noviembre.

Lo ha avanzado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al término de la reunión semanal del Ejecutivo. «Seguimos creciendo en autogobierno con sentido, como decimos siempre, con transferencias útiles, transferencias que podamos gestionar para mejorar la vida de las personas», ha aseverado.

Si se cumple la planificación que ha desvelado este lunes Rueda, estas dos transferencias vendrán a sumarse en este mandato a la ya autorizada sobre la gestión del litoral en 2025. Esta fue la primera competencia nueva asumida en su día por la comunidad en casi 17 años.

Rueda, de hecho, ha incidido en la utilidad de gestionar esta competencia para, por ejemplo, «agilizar permisos sobre actividades» en la costa gallega «sin dejar de ser estrictos en el cumplimiento de la normativa».

Así, ha celebrado que el Gobierno haya puesto fecha a la firma de los nuevos traspasos de competencias, y ha trasladado su agradecimiento a los equipos que estuvieron negociando por las dos partes.

VENTAJAS DE LAS NUEVAS COMPETENCIAS

«Espero que a partir del día siguiente al 5 de noviembre podamos agilizar estos permisos de trabajo y solucionar muchos problemas de cobertura de puestos de trabajo que ahora mismo están afectados por una lentitud burocrática que desespera tanto a los trabajadores, que buscan una oportunidad en nuestra tierra, como a las personas que los quieren contratar», ha trasladado el presidente gallego.

En cuanto al traspaso de aeródromos y helipuertos no esenciales, estarían afectadas unas 40 instalaciones.

Rueda ha recordado que en el caso de la gestión del litoral hubo una pugna que el Tribunal Constitucional (TC) resolvió a favor de Galicia, pero ha agradecido que en el caso de estas transferencias el Ejecutivo central entendió desde el primer momento que la demanda era «lógica», aunque la Xunta se ha quejado en varias ocasiones de la lentitud de los avances.

A parte de ello, el presidente gallego ha concluido que el resultado «vale la pena».