El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este miércoles la dotación de una línea de siete millones de euros para ayuntamientos que impulsen la construcción de vivienda pública de titularidad municipal con promociones propias.
El importe de la subvención podrá alcanzar hasta 80.000 euros por piso y los inmuebles (que también se podrán construir a partir de esqueletos de edificios que en su día no se llegaron a concluir, por ejemplo) pasarán a engrosar el parque de vivienda pública de Galicia. Su carácter público estará protegido de forma permanente.
«Serán viviendas públicas –en alquiler, según fuentes de la Xunta– que se distribuirán a través del Rexistro de Demandantes. Seguiremos ayudando a los ayuntamientos que quieran colaborar con nosotros», ha sentenciado, en el marco de la sesión de control del pleno de este miércoles, que ha estado empapada del clima electoral que propicia la convocatoria de los comicios generales del 29 de noviembre.
En esta coyuntura, tanto la líder del BNG, Ana Pontón, como su homólogo en el PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, han atizado a Rueda por las dificultades para acceder a un hogar en Galicia –ambos le han agitado un llavero, emulando el gesto de miles de personas que participaron en días pasados en las protestas en defensa del derecho a tener una vivienda digna–.
Y mientras sus rivales le acusaban de favorecer «el negocio» de la especulación y le afeaban «propaganda» en relación a pisos construidos, el presidente gallego ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez y, más en detalle, contra los decretos estatales de vivienda.
Rueda ha replicado que en el barrio compostelano de Lamas de Abade sí que sonaron llaves la semana pasada con las viviendas que «cambiaron la vida a 24 familias» y ha sido claro en que él prefiere «ladrillo, construcción, promesas cumplidas y cambios de vida», al tiempo que instaba a sus rivales políticos a «seguir con populismo, demagogia y decretos ‘trapalleiros'».
VIVIENDAS EN MARCHA
Y si Pontón y Besteiro le han echado en cara incumplir promesas sobre viviendas públicas construidas, ha replicado que no es que la Xunta «tenga en marcha 4.000, sino 4.670» en este año 2026. «De ellas, 2.100 han sido licitadas este mismo año, y 600 las vamos a licitar antes de que acabe 2026. Unas 1.860 están en construcción y entregamos 100 con su ausencia», ha agregado el presidente.
A todo ello, ha sumado «las más de 20.000 que se harán en colaboración público-privada en esas urbanizaciones» que hace la Xunta a través de los proyectos de interés autonómico (PIA) que, ha denunciado, el BNG «se está encargando de intentar boicotear».
Tras resaltar que la vivienda es «una prioridad absoluta» para su Gobierno, Rueda ha reafirmado el compromiso de duplicar el parque público antes de que termine el año 2028, y ha repasado otras medidas, como ayudar a la gente joven con reservas en alquiler o avales, o con rebajas fiscales para la transmisión de vivienda.
TODA LA VIVIENDA PÚBLICA, EN ALQUILER SOCIAL
Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha propuesto que toda la vivienda pública que se haga en Galicia sea en alquiler social y movilizar la que está vacía para alquilar a precios accesibles.
Y ha afeado a Rueda que centrase sus críticas al Gobierno evadiendo sus «competencias» en la materia. De hecho, le ha echado en cara hacer de «miniFeijóo» en su respuesta al querer «usar la Xunta para hacer campaña en el ámbito estatal».
«Viene aquí a sacar pecho después de llevar gobernando 17 años por entregar en Santiago, una de las ciudades donde más tensión hay por los precios, 24 viviendas. Ese es su balance», ha lamentado, y ha insistido en que Rueda «prometió en 2026 que construiría 1.800 viviendas de alquiler social y solo entregó 98». «¿Va a cumplir su promesa o esto no es más que humo?», se ha preguntado.
VIVIENDA PROTEGIDA
Besteiro ha coincidido y con los mismos datos que Pontón ha remarcado que el de Rueda y el PPdeG en vivienda «no es precisamente un balance del que presumir».
Antes, había alertado de la pérdida de vivienda protegida con los datos de una respuesta parlamentaria al Grupo Socialista por parte de la Consellería de Vivenda. «La propia Xunta reconoció que 561 pisos protegidos pasaron al mercado libre antes de tiempo en la última década, y en 2030 Galicia llevará perdidas decenas de miles de viviendas protegidas», ha esgrimido.
