Vox ha informado de que ha interpuesto una denuncia penal en Santiago de Compostela contra la alcaldesa de la ciudad, Goretti Sanmartín, y contra la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, tras la protesta que impidió la celebración de un acto del partido recientemente.

En un comunicado, Vox alude a los «gravísimos hechos» ocurridos el 21 de septiembre en el Centro Sociocultural de Santa Marta, donde, afea, «la izquierda radical y el separatismo gallego, con la connivencia institucional, boicotearon violentamente un acto político legalmente autorizado de la formación».

Según detalla la denuncia, Vox contaba con autorización para celebrar un acto de inicio de curso político con la intervención del eurodiputado Jorge Buxadé, la vicesecretaria nacional de Organización, María Ruiz, y los cuatro presidentes provinciales.

Sin embargo, reprueba que «un grupo de radicales de la izquierda y del independentismo gallego, convocados bajo el lema ‘Unidade popular fronte ao fascismo’ por entidades como CNT Galiza, Galiza Nova, Erguer, Ceivar o el Partido Comunista Revolucionario de Galiza, ocupó el centro municipal, desplegó simbología ultraizquierdista y separatista y bloqueó los accesos».

La denuncia subraya que tanto la alcaldesa, «como titular del inmueble municipal cedido para el acto», como la subdelegada, «como autoridad gubernativa obligada a garantizar el derecho de reunión», conocían de antemano «la convocatoria pública de boicot y la ocupación anunciada».

A pesar de ello, afea que «omitieron deliberadamente cualquier medida para desalojar a los ocupantes, restablecer el uso legítimo del centro y proteger el ejercicio de derechos fundamentales de los miembros de Vox», formación que también ha llevado recientemente al juzgado un incidente registrado en una mesa informativa que instalaron en Cangas (Pontevedra).

DENUNCIAN TAMBIÉN A LOS ORGANIZADORES

La denuncia se dirige también contra las personas físicas y jurídicas que «organizaron, convocaron, dirigieron y ejecutaron materialmente la ocupación e impidieron el acto».

Según Vox, los hechos «son constitutivos, entre otros, de los siguientes delitos: delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas; delito de odio; delito de coacciones agravadas por afectar a un derecho fundamental; delito de desórdenes públicos; comisión por omisión y omisión del deber de promover la persecución de delitos; y agravante de discriminación ideológica».