La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha denunciado «mentiras e incumplimientos» del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en materia de vivienda, «uno de los principales problemas sociales» y «la principal preocupación» de los gallegos. En concreto, le acusa de un «nuevo engaño masivo» por las 1.800 viviendas que anunció en 2023 para este año y que «no existen».

Hace tres años, en marzo, «cuando la situación ya era insostenible», según ha recordado Pontón, el jefe del Gobierno gallego anunció que «en 2026 pondría a disposición de la gente 1.800 viviendas en alquiler social», esto «tras admitir que había pasado 15 años de brazos cruzados porque no había detectado que había un problema».

«Estamos a punto de terminar 2026 y desde el BNG denunciamos que las 1.800 viviendas anunciadas para este año no existen. Un nuevo engaño masivo», ha censurado la líder nacionalista.

Por su parte, Ana Pontón ha asegurado que «el PP convirtió en un negocio el derecho a la vivienda» y por ello lo ve «responsable de la crisis de acceso a la vivienda en Galicia».

«Estamos ante un nuevo fraude del presidente de la Xunta», ha advertido, antes de tildar de «propaganda» el anuncio de 2023. Al respecto, la portavoz nacional del Bloque ha avisado que «solo hay 74 entregadas y 24 que anunciaron que se entregarían en los próximos días». «Noventa y ocho pisos de los 1.800 prometidos para final de 2026. Un nuevo engaño masivo», ha insistido.

En este contexto, ha censurado que «mientras, el PP sigue diciendo que está muy preocupado por la vivienda, pero año tras año dejan millones de euros sin ejecutar en políticas de vivienda».

Frente a esto, ha vinculado a los populares con el hecho de que «en cinco años» se ha producido «la mayor subida de la historia» en los precios de alquiler en la comunidad, lo que deja «en la angustia a miles de gallegos».

«CUÁNTAS MARICARMEN EN GALICIA»

«En lugar de defender el derecho a la vivienda –el PP– está defendiendo la especulación», ha insistido Pontón, antes de apuntar que «se permite el lujo de gastarse 6 millones de euros en un aticazo», por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Pero cuando se echa a Maricarmen de su vivienda mira para otro lado», ha agregado.

Precisamente sobre este caso, Ana Pontón ha reflexionado que es un «retrato perfecto» de «hasta dónde conduce convertir el derecho a vivienda en el negocio de unos pocos, sin el más mínimo escrúpulo y sin el menor sentido de la decencia».

En Galicia, ha dicho, en el periodo 2021-2025 se produjeron más de 6.600 desahucios según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), «la gran mayoría por impagos de alquiler». «Tenemos la obligación de preguntarnos cuántas Maricarmen hubo entre esas 6.600 familias. Cuántas familias con niños, jóvenes, por haber convertido la vivienda en un negocio», ha destacado.

Por eso ha concluido con una demanda de «menos propaganda, menos anuncios fraude» y «más hechos», para lo que ha puesto sobre la mesa «propuestas concretas» como la declaración de zonas tensionadas en todos los ayuntamientos que cumplan con los requisitos, que se compre «toda la vivienda protegida que se ponga en venta», la puesta en marcha de un plan de compra «masiva» de vivienda para alquiler –4.000 en el plazo de cuatro años– y la regulación del uso y la extensión de las viviendas turísticas.

DECRETO

Sobre el decreto que prevé llevar al Consejo de Ministros el Gobierno central este martes, Pontón ha avisado de que «no puede quedar en una mera declaración de intenciones» y ha abogado por «medidas valientes».

«Queremos y deseamos que el Gobierno adopte medidas valientes y eficaces», ha incidido, antes de referirse a la prórroga de los contratos de alquiler vigentes, la prohibición del desahucio a personas vulnerables, impedir a fondos buitre que compren vivienda y el establecimiento de topes para los alquileres.

Cuestionada sobre conversaciones con el BNG, ha respondido que con ella «personalmente no hablaron», pero ha agregado que «en todo caso» su formación «siempre» está «en disposición de hablar y negociar». «Lo que queremos es que sea un decreto ambicioso y trabajaremos desde el Congreso para que se dé respuesta a la demanda social», ha resaltado.

«Nos están pidiendo cosas básicas (…) que se limite la especulación brutal y se ponga el derecho a la vivienda por delante de la especulación; en esa línea nosotros vamos a negociar con el Gobierno y esperamos que cuando llegue al Congreso tengamos margen de mejora. Estoy segura de que va a ser necesario negociar para mejorar», ha concluido.