El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha confiado este jueves en que el catalán, el gallego y el euskera sean reconocidos como lenguas oficiales de la Unión Europea antes de que el bloque se abra a una ampliación con nuevos Estados miembro, que supondría, a su vez, la incorporación de nuevas lenguas al reglamento comunitario.

Según ha confirmado el secretario de Estado y adelantaron el miércoles fuentes europeas a Europa Press, el Gobierno ha solicitado que la oficialidad de las lenguas cooficiales sea abordada el próximo 22 de septiembre en el Consejo de Asuntos Generales que se celebrará en Bruselas, en la que será la primera ocasión, después de más de un año sin tratar el asunto, en que España vuelve a elevar la cuestión a nivel de ministros de los Veintisiete.

No se espera un debate de fondo ni se pedirá a los socios que tomen una decisión, sino que España plantea la cuestión como un punto varios que permita a Sampedro hacer balance ante el resto de delegaciones, habida cuenta de que no ha habido más discusiones a nivel de 27 desde que en julio de 2025 la petición española chocara con las reservas de una decena de países, liderados por Alemania.

La novedad en esta ocasión es que España presenta la reflexión bajo el epígrafe «lenguas oficiales y ampliación», para cuestionar el sentido de que ante la posibilidad de próximas incorporaciones a la Unión Europea –Albania y Montenegro son los candidatos más adelantados– se revise el reglamento sobre lenguas para incorporar los idiomas de los nuevos socios, cuando aún no se han reconocido el catalán, euskera y gallego pese a ser oficiales en un país que ya es Estado miembro de pleno derecho.

Preguntado a su llegada a una reunión informal de Asuntos Generales de la UE en Dublín por ello, Sampedro ha aclarado que España es uno de los «apoyos más fuertes» del proceso de ampliación del club comunitario, porque «considera que es el modo de avanzar».

«Apoyamos firmemente a todos los candidatos en este proceso. Respaldamos firmemente que esto implique la incorporación de los próximos miembros de la UE, esto significará que tendremos más idiomas oficiales en la UE», ha indicado el secretario de Estado.

«Pero antes, esperamos que las expectativas de 20 millones de europeos sean atendidas mediante un acuerdo, que saben debe ser por unanimidad, para el reconocimiento de las lenguas que ya son oficiales en un Estado miembro desde hace ya 40 años», ha remachado, en referencia al número de personas que hablan las tres lenguas cooficiales.

Preguntado por si ello implica que para España no aceptará ninguna nueva adhesión al bloque hasta que se hayan reconocido como lenguas de la UE el catalán, el gallego y el euskera, Sampedro se ha limitado a decir que está convencido de que la petición española «se resolverá mucho antes».

POR PRIMERA VEZ A 27 EN MÁS DE UN AÑO

El hecho de que la petición se incluya como punto varios en la agenda no garantiza que vaya a haber un debate de fondo de los ministros, ni permite que se tomen decisiones concretas, sino que supone que el Estado miembro dispondrá de unos minutos para exponer su interés y abre la puerta a que tomen la palabra, si lo desean, otras delegaciones.

La última vez que el Gobierno llevó la cuestión a debate al Consejo de Asuntos Generales fue en julio de 2025, bajo presidencia danesa, y no había vuelto a ser incluido en el orden del día hasta ahora ante la falta de unanimidad necesaria para que la solicitud española pueda materializarse.

El Gobierno solicitó la inclusión de las tres lenguas cooficiales en el reglamento lingüístico de la UE en agosto de 2023 en el marco del acuerdo alcanzado con Junts para que respaldara un nuevo mandato de Pedro Sánchez y, aprovechando que ese semestre España ocupaba la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, intentó acelerar su aprobación.

En este sentido, llevó el asunto hasta en cuatro ocasiones al Consejo de Asuntos Generales, donde tiene que adoptarse la decisión, aprovechando que fijaba la agenda al ser presidencia de turno en el último semestre de 2023. Tras ello, volvió a pedir que se incluyera en el orden del día en otras tres ocasiones, una bajo presidencia de Bélgica, otra con Polonia y la última, en julio de 2025 con Dinamarca.

LA UNANIMIDAD, PRINCIPAL ESCOLLO

Desde el primer momento, la necesidad de unanimidad para sacar adelante la medida se convirtió en el principal escollo, pese a los esfuerzos del Gobierno para intentar disipar las dudas entre sus socios, en particular de índole jurídica y sobre todo que pueda convertirse en un precedente que abra la puerta a que lenguas minoritarias en otros Estados miembro puedan intentar lograr el mismo estatus.

Así, el Gobierno no sólo se ha comprometido a sufragar los gastos adicionales –que la Comisión Europea sitúa en torno a los 132 millones de euros anuales, basándose en lo ocurrido con el gaélico–, sino que también ha planteado una implementación parcial una vez concedida la oficialidad, para aligerar de este modo la carga.

En concreto, el Ejecutivo planteó a sus socios en la primavera de 2025 que catalán, euskera y gallego sean oficiales de manera parcial desde 2027, de modo que sólo se traducirían a partir de esa fecha los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, un 3% del total de actos jurídicos en la anterior legislatura.

Por lo que se refiere a establecer un precedente, el Gobierno se aferra a que las tres lenguas cooficiales están recogidas en la Constitución ya antes de entrar en la UE, se usan en Congreso y Senado y España tradujo hace años a las tres los tratados, además de buena parte de la legislación europea.

LAS DUDAS PERSISTEN

Pese a estos esfuerzos, sigue sin haber convencido a sus socios. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha venido manteniendo que ya son 20 de los 27 Estados miembros que no se oponen a respaldar la oficialidad de las tres lenguas, aún habría siete que lo hacen. Otras fuentes europeas elevan a al menos una decena de delegaciones las que han expresado dudas.

Uno de ellos es Alemania, como quedó de manifiesto en el Consejo de Asuntos Generales de julio del pasado año, en donde el representante alemán fue el más asertivo y se aferró al dictamen oral del servicio jurídico del Consejo, según el cual sería necesaria una reforma de los Tratados para asegurar la base legal de una eventual oficialidad.

Consciente del peso que tiene este Estado miembro entre los Veintisiete, el Gobierno optó por buscar el acuerdo en bilateral y acordó con Berlín a finales de octubre de 2025 entablar un diálogo que permitiera dar «respuesta» a la solicitud española «de forma que sea aceptable para todos los Estados miembro».

Sin embargo, ese diálogo ha sido infructuoso, como quedó de manifiesto tras el encuentro mantenido el pasado 20 de mayo por Albares con su homólogo germano, Johann Wadephul. La oficialidad del catalán, el euskera y el gallego fue abordada por ambos «in extenso», en palabras de Albares, pero posteriormente el Ministerio de Exteriores alemán aclaró a Europa Press que Alemania no había cambiado de postura y seguía teniendo dudas, sobre todo desde el punto de vista jurídico.