El portavoz de Infraestruturas del Grupo Popular, Roberto Rodríguez, ha advertido este lunes de que la transferencia de la AP-9 será una de las principales materias pendientes en el arranque del nuevo curso político y ha insistido en que debe materializarse respetando «escrupulosamente» el acuerdo unánime aprobado por el Parlamento de Galicia, ya que la «estafa del acuerdo de PSOE y BNG puede llegar a costar 4.000 millones de euros a los gallegos».
Así lo ha manifestado, en rueda de prensa, en relación a la ley pactada por socialistas, BNG y Sumar, que ha salido delante en el Congreso de los Diputados. Además, ha resaltado que la comisión bilateral que demanda la Xunta para abordar el texto es «una oportunidad» para «corregir» dicho texto.
Rodríguez ha subrayado que «la AP-9 ni es gallega ni mucho menos gratuita» y ha denunciado que, en 2026, los gallegos «pagan los peajes más altos de la historia de esta autopista, que se volvió a convertir en la más cara de España y en una de las más caras de Europa».
Frente a ello, ha indicado que el Gobierno de Pedro Sánchez «decretó la gratuidad de más de 1.000 kilómetros de vías de pago en el resto de España», mientras Galicia «sigue pagando por una infraestructura que recorre íntegramente el territorio gallego».
«TRAICIÓN» Al ACUERDO UNÁNIME Y A LOS GALLEGOS
El portavoz popular ha recalcado que, durante 16 años, «existió unanimidad en el Parlamento de Galicia para reclamar una transferencia de la AP-9 «libre de cargas», una posición compartida que, ha denunciado, «PSOE y BNG rompieron en mayo al apoyar en Madrid un acuerdo que rebaja y deja sin garantías las condiciones aprobadas por la Cámara gallega».
«El BNG quiere para Galicia lo que los nacionalistas catalanes no quieren para Cataluña», ha afirmado Rodríguez, quien ha calificado el acuerdo de «traición al acuerdo unánime de este Parlamento y una estafa a Galicia y a los gallegos».
Entre otras cuestiones, ha indicado que se trasladan a una futura Comisión Mixta de Transferencias aspectos «esenciales» que deberían quedar determinados por la propia ley, como el alcance de las competencias, nuevos tramos o nuevas bonificaciones. Además, «desaparecen las garantías para que el Estado asuma las actuaciones e infraestructuras ya comprometidas y las que pudieran ser necesarias en el futuro, así como los recursos necesarios para ampliar las bonificaciones».
Rodríguez ha advertido también de que se elimina el deber estatal de «asumir las consecuencias económicas de las decisiones que no sean responsabilidad de Galicia, la supresión del incremento acumulativo del 1% anual de las tarifas durante 20 años y la cláusula de garantía ante una eventual nulidad de las prórrogas de la concesión».
COMISIÓN BILATERAL, UNA OPORTUNIDAD PARA «CORREGIR» El ACUERDO
Rodríguez se ha referido a la solicitud de la Xunta –ya avanzada por el presidente gallego, Alfonso Rueda– de convocar la Comisión Bilateral de Cooperación con el Estado, con el objetivo de «aclarar y resolver las discrepancias» existentes entorno a la ley de transferencia de la AP-9.
El portavoz popular considera que esta comisión debe ser «una oportunidad para recuperar la posición defendida unánimemente por el Parlamento gallego» y ha insistido en que la redacción finalmente aprobada presenta modificaciones «sustanciales» e incluso, a su juicio, «dudas de constitucionalidad».
«MALTRATO CONTINUO» A GALICIA
Pero el diputado ha remarcado que «el maltrato a Galicia» no se limita a la AP-9 y ha aludido a otras cuestiones. «La prórroga de las cuentas congela inversiones, retrasa obras y deja sin respuesta necesidades urgentes de conservación. Mientras los precios suben, los recursos permanecen estancados, por lo que cada año se pueden mantener menos kilómetros de carretera», ha espetado.
«El resultado es una red vial estatal cada vez más deteriorada con problemas en la A-8, A-52 y A-6, y firmes en estado crítico en numerosas carreteras nacionales», ha espetado.
