La diputada de Galicia en Común y dirigente de Izquierda Unida (IU) Yolanda Díaz (Fene, 1971), será la próxima ministra de Trabajo del Gobierno de coalición que liderará Pedro Sánchez, según ha confirmado este jueves La Moncloa.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, esta abogada laboralista nacida en una localidad de la ría de Ferrol procede de una familia de históricos sindicalistas y conoce bien la problemática de una comarca marcada por la crisis del naval. Además, es una de las personas más cercanas al líder de Podemos, al que conoce desde hace años.

Díaz lleva ocupando cargos institucionales desde el año 2003, cuando se hizo con un acta de concejala en el Ayuntamiento de Ferrol. Allí fue teniente de alcalde de un gobierno de coalición de PSOE con IU en Ferrol, que duró desde el verano de 2007 hasta octubre de 2008, cuando la coalición se rompió.

En 2005, tras asumir el cargo de coordinadora nacional de Esquerda Unida –la federación de IU en Galicia–, que conservó hasta 2017, fue candidata a la Xunta y repitió en 2009, quedando fuera del Parlamento en ambas ocasiones.

FICHÓ A IGLESIAS COMO ASESOR EN 2012

Díaz sí logró entrar en la cámara autonómica en el año 2012, aunque esta vez lo hizo con la coalición Alternativa Galega de Esquerdas (AGE) que conformó junto a Anova y que lideró el histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras.

Precisamente para aquella campaña Díaz fichó como asesor al todavía desconocido Pablo Iglesias, que ya entonces era su amigo, y que ahora premia su lealtad con un Ministerio que le va como anillo al dedo.

Díaz dio su salto a la política nacional en 2015, cuando concurrió como candidata al Congreso por La Coruña en las elecciones generales de ese año con la coalición En Marea, que conformaron Esquerda Unida, Podemos y Anova cuando el acuerdo a nivel estatal con IU había sido imposible.

Tras conseguir escaño, pronto se convirtió en una de las piezas clave del grupo parlamentario, por su relación de máxima confianza con Iglesias y por ser una de las diputadas con más experiencia en algunos temas de importante calado, como Empleo e Industria –los periodistas parlamentarios la reconocieron como parlamentaria más activa en 2018–.

COMBATIVA PORTAVOZ DE EMPLEO EN EL CONGRESO

Así, Díaz ha sido una de las caras más visibles de la coalición de izquierdas en materia de pensiones, tanto en los debates parlamentarios en el Congreso como en las manifestaciones y movilizaciones fuera de él.

La futura ministra de Trabajo ha prestado siempre apoyo a las concentraciones convocadas por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), muy críticos con el Pacto de Toledo y la celebración de sus reuniones a puerta cerrada; unas exigencias que tanto Díaz como Unidas Podemos han secundado, al pedir «luz y taquígrafos» en estos debates.

De hecho, la que será nueva responsable de Trabajo protagonizó uno de los momentos más polémicos de la XII Legislatura, cuando muchos grupos políticos la señalaron como responsable de «dinamitar» el Pacto de Toledo al poco de convocarse elecciones, desmarcándose de muchas más de las recomendaciones previstas, lo que precipitó la ruptura de unas negociaciones muy avanzadas hacia un acuerdo.

Díaz se ha labrado su perfil durante estos años como una firme defensora de la rebaja en la edad de jubilación, la revalorización de las pensiones como mínimo conforme al IPC y la reversión de todo recorte en materia laboral y de pensiones aprobado por parte de los Gobiernos de Mariano Rajoy, pero también por parte de Rodríguez Zapatero.

DEFENSA DE LA INDUSTRIA E IMPUTACIÓN EN UNA PROTESTA DE ALCOA

La nueva ministra de Trabajo también ha protagonizado buena parte de los debates industriales durante los últimos años en la Cámara Baja, destacando aquellos relacionados con Alcoa. Precisamente, Díaz fue imputada por su participación en una protesta frente al Congreso junto a trabajadores, investigación que finalmente fue archivada tras denunciar Unidas Podemos a la jueza, que insistió en imputarla a ella y a otros compañeros diputados pese a su condición de aforada.

Díaz ha sido muy crítica con lo que considera una falta de política industrial de los últimos gobiernos, reclamando un papel más activo del sector público para evitar las deslocalizaciones, mejorar mecanismos de ayuda como la interrumpibilidad, fomentar este sector y fiscalizar los precios de la energía.