La Xunta ha alertado de «un nuevo intento» del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de «limitar los usos en el litoral» con una reforma de los criterios para establecer la línea de deslinde que «supondría avanzar en su objetivo de modificar unilateralmente la legislación de Costas».

En un comunicado, apunta que, en la actualidad, el establecimiento de esa línea de deslinde se basa en la aplicación del criterio técnico de recurrencia en el alcance del mar. De este modo, según el Reglamento General de Costas, el alcance del mar se vincula a que las olas lleguen a una determinada zona por lo menos en cinco ocasiones en un periodo de cinco años.

Por el contrario, la propuesta del Gobierno de España elimina la exigencia de la recurrencia y establece un nuevo criterio principal basado en el registro de una máxima ola en un momento concreto. Un cambio que, según la Xunta, supondría que «cualquier actualización de modelos o series de datos podría justificar nuevos deslindes, generando así una inseguridad permanente para ayuntamientos, propietarios y concesionarios».

A través de la modificación de la línea de deslinde de costa con la aplicación de este nuevo criterio, los terrenos que pasen a estar en el dominio público marítimo-terrestre serían, subraya la Xunta, «inalienables, imprescriptibles e inembargables, con las correspondientes limitaciones severas para usos residenciales, turísticos o industriales».

SIN TENER EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS GALLEGAS

En el caso concreto de Galicia, la Xunta defiende que esta modificación «no tiene en cuenta las características singulares y particulares de la costa de la comunidad». De hecho, recuerda que en las rías los temporales pueden penetrar más hacia el interior que en un litoral recto.

Señala que, por lo tanto, si se toman como referencia las máximas olas inscritas o calculadas, el dominio público marítimo terrestre (DPMT) «podría abarcar zonas urbanas hoy consolidadas».

El Gobierno gallego también recuerda que a lo largo de la costa de la comunidad hay muchos núcleos de población que tienen frentes urbanos muy próximos al agua. De ahí que la aplicación de un criterio de máximos extremos «podría tensionar la relación entre el DPMT y el tejido urbano tradicional». Además, agrega, «un deslinde más expansivo podría complicar también la gestión de espacios portuarios, almacenes, lonjas o accesos».

Asimismo, la Xunta denuncia que, una vez más, el Gobierno central busca «una reforma por la puerta de atrás de aspectos nucleares de la legislación de Costas a través de un real decreto que nada tiene que ver con la ordenación del litoral».

En concreto, lo hace a través del proyecto de real decreto por el que se adoptan medidas de gestión de los riesgos de inundación, que actualmente está en fase de audiencia e información pública y en el que «no se realiza un análisis técnico detallado por tramos de costa, tipos de litoral y realidades socioeconómicas distintas».

CARTA DE ÁNGELES VÁZQUEZ

«Lo vuelve a hacer además sin dar la preceptiva información ni recabar la participación de los órganos, administraciones y entidades afectadas, el que supone una quiebra de los principios de transparencia, lealtad institucional y buena regulación», se queja, antes de recordar que este mismo mes de julio se celebró una Conferencia Sectorial de Medio Ambiente monográfica sobre la reforma del Reglamento General de Costas, en la que el Ministerio no hizo mención de esta propuesta.

Ante esta «actuación unilateral» del Ministerio para la Transición Ecológica, la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha remitido una carta a los ayuntamientos litorales, a la cadena mar-industria y a los miembros del Foro del litoral animándolos a presentar las alegaciones que consideren oportunas en el marco de este procedimiento de audiencia e información pública.