La diputada autonómica del PP Patricia García y los diputados nacionales Irene Garrido y Pedro Puy han mantenido una reunión de trabajo acerca de la transferencia de la AP-9 con entidades viguesas y les han reiterado su «compromiso» de seguir defendiendo un traspaso que responda al «mandato unánime» del Parlamento de Galicia.

En concreto, en el encuentro han participado miembros de la Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo (FAVEC), de la Comunidad de Montes de Lavadores y de la plataforma Bembrive en pé. Según un comunicado de la formación política, los representantes vecinales han mostrado su preocupación por esta infraestructura estratégica para Vigo.

Por su parte, los representantes ‘populares’ han insistido en recuperar el texto original aprobado en la Cámara gallega para garantizar que los gallegos «no tengan que pagar dos veces». «Primero, con los peajes más elevados de España y, ahora, con los costos derivados de una mala negociación del Gobierno de Pedro Sánchez», han cargado.

En este punto, Patricia García ha criticado el «cambio de posición» del PSOE y del BNG al respecto del criterio que ambos defendieron en la Cámara gallega. «Socialistas y nacionalistas gallegos proponen de un día para otro un texto distinto a lo que llevan años votando a favor en Galicia», ha censurado.

Del mismo modo, Pedro Puy ha afeado que, aunque el texto que llegó al Congreso era el avalado en el Parlamento, «el consenso fue alterado» durante su tramitación parlamentaria y el documento que pactaron ambas fuerzas con Sumar es «bien distinto». Este fue aprobado inicialmente en el Congreso, aunque el Senado incorporó la semana pasada las enmiendas del PP y tendrá que regresar a la Cámara baja.

En este sentido, Puy ha asegurado que el consenso «fue roto, por segunda vez», en el Senado al votar en contra PSOE y BNG del dictamen de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible «que recuperaba la propuesta original del acuerdo unánime del Parlamento». «Un sinsentido», ha calificado.

El diputado ha explicado que la propuesta de socialistas y nacionalistas «elimina los elementos que daban seguridad a la transferencia de la autopista». Por su parte, Irene Garrido ha remarcado que Galicia «no puede aceptar» una transferencia que «deje abierta la puerta a asumir futuras indemnizaciones o reclamaciones económicas millonarias».