El PPdeG ha vuelto a tumbar la propuesta del BNG a la vicevaledoría do Pobo –el jurista y profesor de Derecho Administrativo de la USC Fernando de Abel Vilela– al considerar que su perfil «no es impecable, ni desde el punto de vista formal ni legal» y ser «un activista en contra de la normativa eólica de la Xunta», mientras que los nacionalistas han acusado a los populares de usar «maniobras mafiosas» y de «intentar orquestar una cacería política contra cualquiera que ose acercarse al BNG».
En la Comisión de Peticiones de la Cámara, donde se ha debatido la designación de la persona adjunta al cargo de Valedor do Pobo, la diputada del BNG Olalla Rodil ha advertido que no aceptarán «vetos políticos» ante una situación que, ha apuntado, es «absolutamente anómala» tras el «veto sin precedentes» de la primera votación.
«Lo que hay detrás de todas estas maniobras es una ansia por controlar todas las instituciones y todo lo que pasa en ellas. Un ejemplo más de la deriva autoritaria del PP. No soportan el pluralismo», ha reprochado.
Así, Rodil ha defendido que el perfil de Fernando de Abel Vilela cumple «todos los requisitos» y «todas las formalidades legales», destacando su trayectoria en investigación y asesoramiento en áreas como urbanismo o medio ambiente.
«Pero al PP no le vale y lo acusa de asesorar a organizaciones ecologistas y a ayuntamientos. Tremendo delito», ha censurado tras exponer que de Abel también asesoró a municipios del PP como A Pastoriza o Vilasantar, después de que esta semana trascendiese que los populares denunciaron al alcalde nacionalista de Muras por contratos de asesoramiento jurídico para el Ayuntamiento con empresas vinculadas al Bloque y que relacionan también con el candidato del Bloque a vicevaledor.
«Además de sectarios son vengativos», ha continuado Rodil, que ha vuelto a acusar al PPdeG de lanzar «campañas bulos y mentiras para criminalizar» a quien «defiende a este país frente a las malas prácticas de la administración pública».
Por todo ello, la parlamentaria del Bloque ya ha avanzado que no se moverán «ni medio milímetro» de su postura frente a «actitudes mafiosas y cacerías políticas».
«ES UN PERFIL ACTIVISTA»
Por su parte, la diputada y secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha tachado de «broma» que el BNG presente la misma propuesta, que ha reiterado que les parece un perfil «de activista y con convicciones políticas muy marcadas» para un puesto que, ha subrayado, «requiere de neutralidad institucional».
En esta línea, ha justificado su oposición a la propuesta del BNG por «no ser impecable, ni desde el punto de vista formal ni legal», exponiendo un currículum que, en su opinión, «está más cerca del activismo multimarca del BNG que del cargo institucional independiente».
«Pasó de ser empresario de la eólica con el bipartito a activista en contra de la normativa eólica de la Xunta con un gobierno del PP, criticó públicamente el modelo de repotenciación, forma parte del equipo jurídico de Adega», ha argumentado.
En este punto, Prado ha criticado el «modus operandi del BNG» en ayuntamientos, poniendo como ejemplo el de Muras, donde, tal y como ha señalado, la denuncia del PP pone el foco en que los contratos de asesoramiento jurídicos «superan el umbral legal del contrato menor».
A este respecto, la popular ha censurado que las empresas contratadas por el Ayuntamiento de Muras «son los que dirigen la asesoría jurídica de todas las demandas de Adega contra la Xunta», ironizando además con que los nacionalistas «no ven problemas medioambientales con los eólicos» en la localidad lucense.
«¿Y quién cierra este círculo de intereses del BNG, sus plataformas multimarca y empresas afines? Fernando de Abel. De ese conglomerado de empresas el primero que salió fue Alberte Souto, ahora en el Consello Consultivo; el segundo, Óscar Insua, diputado; y ahora el tercero, de Abel Vilela. ¿Quién tiene ansia por controlar los órganos de control? El BNG», ha espetado.
En este contexto, Paula Prado ha vuelto a insistir en que el candidato del Bloque «no puede ser valedor adjunto» y, de persistir, ha avanzado que el PPdeG «se verá obligado a buscar otras vías».

