El viceportavoz del BNG, Luís Bará, ve en el archivo del proyecto de Altri por parte de la Xunta una «treta», por lo que llama a «no bajar la guardia» ante la eventual reanudación de la iniciativa o la reclamación de indemnización por parte de la empresa.
En rueda de prensa, Bará ha informado de que el Bloque ha presentado este lunes en el Parlamento una solicitud de «toda la documentación» relativa al procedimiento de archivo, «incluyendo las alegaciones presentadas por la empresa», al amparo del artículo 9 del reglamento de la Cámara.
En una primera valoración, ha celebrado el archivo porque «no se explica sin la gran movilización que se produjo en los últimos años de rechazo masivo de este macroproyecto». Al respecto, ha considerado que las decisiones del Gobierno central «también se explican en gran medida a raíz de esta movilización» –no incluyó en la planificación eléctrica la subestación que requería la fábrica–.
De no darse esta respuesta ciudadana, ha opinado Luís Bará, el proyecto «estaría aprobado», de ahí que haya trasladado su enhorabuena a plataformas y entidades, así como a «miles de personas» que se manifestaron en contra de Altri.
Con todo, ha advertido de que «no se puede bajar la guardia porque se está ante un proyecto que sigue vivo», en primer lugar en referencia a que «tiene una declaración de impacto ambiental aprobada» en abril de 2025 que, según el nacionalista, «tiene una vigencia de cuatro años que se puede prorrogar a petición de la empresa por dos años».
Por eso, avisa de que «se podría estar ante una declaración de impacto ambiental con vigencia hasta 2031». «Por tanto, se podría reanudar la tramitación cuando interesase», ha alertado.
De este modo, Bará avisa de que «técnica y legalmente» el proyecto «está vivo» y «en stand by», de forma que a su juicio «no hay tal carpetazo».
En su interpretación, «la Xunta escogió esta vía del archivo de manera intencionada como una treta para no resolver el fondo del asunto, que era la denegación mediante la denegación de la autorización ambiental integrada y la concesión de Augas, que eran los dos trámites que quedaban para el proyecto industrial estratégico».
Con su decisión, asegura, el Gobierno gallego «desvía la tramitación natural hacia este archivo», que, si bien reconoce que está previsto en la ley, cree que sirve para «preparar una plataforma a Altri para que pueda reanudar la tramitación cuando cambien las circunstancias».
Lo «procedente» para el Bloque «sería denegar» ambos permisos «para que quedase el proyecto definitivamente enterrado y no pudiese reanudarse». «Hay motivos de sobra para esta denegación», ha destacado, para referirse al pronunciamiento de la justicia en contra de la retirada de los terrenos de la zona de amortecimiento en la estrategia verde de la Xunta.
Así las cosas, el BNG alerta de «cabos sueltos en este procedimiento», también por el «posible recurso» de la compañía por la vía del contencioso-administrativo, con la «posibilidad» de alcanzar una «indemnización millonaria». Para ello, también recrimina al Ejecutivo autonómico que «le puso una percha» con cambios legales a través de la ley de acompañamiento.
Para Bará, «todo lleva al memorandum de entendimiento» entre Xunta y Altri que el Gobierno «sigue ocultando», lo que denomina «los acuerdos secretos» entre ambas.
«DECAEN»
Antes de que la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, anunciase el pasado viernes el archivo definitivo, la directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría, indicó en comisión parlamentaria que si el expediente recibía el carpetazo de la Xunta decaería tanto la autorización ambiental integrada como el permiso de captación de aguas.
Al margen, formalmente y en general, la vigencia de las declaraciones de impacto ambiental es de seis años a contar desde la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y hasta el inicio de las obras.
