El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para introducir varios cambios en la ley de la AP-9 con el objetivo de deshacer el acuerdo entre PSOE, Sumar y BNG que hablaba de transferir no solo la gestión, sino la titularidad de la vía. La intención de los ‘populares’ es recuperar el «espíritu» de la norma que salió del Parlamento de Galicia, aunque la última palabra reside en el Congreso.
Así se ha acordado este martes en la Comisión de Transportes del Senado, donde el PP ha introducido hasta siete enmiendas para «recuperar la literalidad del texto aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia».
Ahora, la ley de la AP-9 avanza su tramitación en el Senado con estos cambios y se debatirá este jueves en un Pleno extraordinario. No obstante, la norma volverá al Congreso de los Diputados para que se pronuncie sobre estas enmiendas y se apruebe de manera definitiva.
Durante el debate en la comisión, el senador del PP José Manuel Barreiro ha celebrado volver al texto inicial «por una cuestión de coherencia, responsabilidad, compromiso y lealtad».
Por su parte, los senadores del PSOE y BNG han cargado contra el PP por «vetar» y «boicotear» la transferencia de la AP-9 en legislaturas pasadas, sugiriendo que no se suman a apoyar esta ley en el Congreso porque, según sus palabras, nunca pensaron que se fuera a desbloquear.
¿QUÉ DICE EL ACUERDO ENTRE PSOE, SUMAR Y BNG?
Aunque los socialistas habían presentado una enmienda en el Congreso que evitaba la titularidad, el nuevo texto pactado sitúa como objetivo de la ley «la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9 y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia».
Para ello, se determina que la Administración General del Estado y la comunidad elevarán a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que determine las condiciones y límites para la transmisión de competencias hasta ahora ejercidos por la Administración estatal en relación a la Autopista del Atlántico, lo que será aprobado por real decreto.
Dicha propuesta de acuerdo deberá abordar las condiciones del traspaso de varias funciones, empezando por la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista.
También concretará como se materializa la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista, conforme a la normativa general de carreteras y a los pliegos que rigen la concesión; así como la potestad sancionadora respecto a incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la AP-9.
Asimismo, abordará los términos para las modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión, «singularmente en lo que atañe al establecimiento, actualización y supresión de las tarifas y peajes, así como la aplicación de programas de descuento, incluyendo la autorización de aquellos que sean voluntarios a instancia de la concesionaria»; y para la redacción y aprobación de convenios, o addendas a los actuales.
REPERCUSIONES ECONÓMICAS
Además, según el texto pactado, la Administración General del Estado conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que hayan sido motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que ha tenido la competencia y con los limites económicos vigentes a la fecha de la aprobación del traspaso.
En la misma línea, las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración estatal previas a la transferencia recaerán sobre la misma. El acuerdo de la transferencia deberá establecer «la obligación de la aprobación de las revisiones ordinarias o extraordinarias de tarifas que dichas modificaciones hayan establecido, con el fin de que estos límites económicos sean respetados».
¿CUÁNDO ASUMIRÁ LA XUNTA LOS COSTES?
En cuanto a la Xunta, asumirá a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, «todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso».
Finalmente, las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión quiera promover la comunidad Autónoma no podrán afectar a los compromisos económicos previstos y «cualquier decisión que suponga un incremento de dichos compromisos deberá ser asumida íntegramente por la comunidad en la cuantía que este incremento suponga».
