El único diputado con el que el BNG cuenta en el Congreso, Néstor Rego, votará «sí» a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno a cambio de la transferencia a Galicia de la autopista AP-9 este mismo año y de bonificaciones en los peajes para los usuarios recurrentes.

Entre los puntos con los que cuenta el acuerdo suscrito a última hora de la tarde de este viernes entre Adriana Lastra, por el PSOE, y Ana Pontón, por el BNG, figura que el Congreso de los Diputados aprobará la proposición de ley del Parlamento gallego para la transferencia de la AP-9 «a lo largo del año 2020», cuando se celebrarán elecciones autonómicas en Galicia.

Asimismo, los nacionalistas gallegos consiguen una de sus reivindicaciones más insistentes en los últimos tiempos: rebajas en los peajes de esta infraestructura básica en la vertebración de Galicia. Así, el compromiso es que se garantice «como mínimo» la bonificación del 100% del peaje para los usuarios que emplean la autopista dos o más veces al día, «tanto particulares como profesionales, durante todos los días de la semana».

«El coste de esta bonificación corre a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y se aplicaría a partir de la aprobación de los PGE de 2020», reza el texto, en el cual también se alude a la gratuidad del tramo Vigo-Redondela y el compromiso de «eliminar durante la legislatura» el impacto del incremento extraordinario de tarifas acumulativo durante 20 años.

Otros acuerdos en materia de infraestructuras aluden a la ejecución del conocido como «nudo de bomberos» en Pontevedra, ciudad gobernada por el BNG, la modernización de la red ferroviaria gallega o completar la conexión de los puertos exteriores de Ferrol y A Coruña por tren este mismo año.

COMPETENCIAS

Tras una intensa jornada en la que BNG reunió a su Executiva en Santiago y su portavoz nacional, Ana Pontón, se trasladó después a Madrid para rubricar el acuerdo, se conoce también que el pacto con los socialistas es proceder «durante la presente legislatura» a la transferencia de las competencias «pendientes».

Pese a que la negociación de transferencias corresponde al Gobierno autonómico, el acuerdo PSOE-BNG apela a la propuesta de convocatoria de la comisión mixta de transferencias ya en el primer trimestre de 2020, para programar durante la presente legislatura el traspaso «de la totalidad de las competencias pendientes recogidas en el Estatuto de Autonomía, así como las competencias que han sido objeto de consenso en el Parlamento gallego».

«Impulsar, a través del diálogo entre partidos e instituciones, las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de los sentimientos nacionales de pertenencia» figura en el punto 2 del acuerdo, en el cual también se arranca el compromiso de que Galicia mantendrá «el mismo estatus» que Cataluña y el País Vasco si se produce «cualquier modificación de la estructura territorial del Estado».

OTROS ACUERDOS

Los nacionalistas gallegos también arrancaron al PSOE que el Gobierno central se manifestará «a favor del traslado de la planta de Ence a otro enclave más adecuado ambiental en Galicia, a través de una fórmula que permita mantener el empleo».

Asimismo, obtienen la palabra socialista de asegurar que Elnosa cumple con la reversión de los terrenos que fueron objeto de concesión para garantizar su limpieza y posterior recuperación ya este mismo año.

Medidas para rebajar la factura energética de las empresas electrointensivas también están recogidas en el acuerdo del PSOE con el BNG, que reclama la «máxima urgencia» en la aprobación del estatuto de estas industrias y exige la recuperación de la actividad de Barreras y Vulcano, así como convertir Navantia en «un complejo industrial integral que apoye su actividad en la construcción naval civil» y la activación «inmediata» de la mesa de trabajo sobre Alcoa en San Cibrao.

El saneamiento de las rías, impulso a la lengua gallega, la creación de juzgados de violencia de género en Santiago, Lugo y Ourense, el compromiso de que el Gobierno aporte en esta legislatura el 50% estable que corresponde al Estado para financiar la Ley de Dependencia y que este mismo año se adopten medidas para que los emigrantes retornados no sufran una doble tributación por las prestaciones que reciben desde el extranjero también figuran entre los compromisos.

Finalmente, el acuerdo también alude a la derogación de la reforma laboral, de la reforma de las pensiones, de la LOMCE, del artículo 315.3 del Código Penal, que castiga con cárcel los piquetes, y la conocida como «Ley Mordaza».