El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha defendido este sábado la necesidad de un «amplio consenso político y social» para convertir el derecho a la vivienda en el «quinto pilar» del Estado de Bienestar.

Así lo ha aseverado durante su intervención en un encuentro abierto al público en Baiona (Pontevedra) en el que ha compartido mesa con el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Carlos Gómez Prado.

El líder socialista ha señalado que la falta de vivienda es «la principal barrera» para construir un proyecto de vida y que, por ese motivo, una de las prioridades del PSdeG «es que nadie tenga que renunciar a su futuro».

Además, ha recordado que «ya son más de 33.000 las personas que demandan una vivienda pública, el doble que al inicio del mandato» y ha insistido en que «el problema no hace más que agravarse».

«No es un problema nuevo, ya que la Valedora do pobo viene alertando de la situación desde el 2014. En 17 años no se ejecutó vivienda pública y solo comenzó a moverse con el impulso de los socialistas, con los fondos europeos y la Ley de Vivienda», ha defendido.

En este contexto, Besteiro se ha referido a la «contradicción insostenible» que vive Galicia, ya que en la comunidad «hay más de medio millón de viviendas vacías mientras miles de personas buscan una», según ha lamentado.

Además, ha puesto el ejemplo concreto de Baiona, ya que «mientras aumentan las dificultades para acceder a un piso o una casa, las viviendas de uso turístico siguen creciendo hasta alcanzar las 467, casi el 3% de los hogares del casco urbano».

Por todo ello, Besteiro ha reclamado que la vivienda protegida «lo sea para siempre» y se blinde a través de una modificación de ley para que mantenga esa condición. La segunda medida a la que se ha referido sería la creación de un banco público de alquiler, con el fin de movilizar las viviendas vacías.

También ha insistido en que ningún joven que lo necesite se quede sin bono de alquiler por falta de fondos; en regular los alquileres de temporada «frenando los abusos» y en cambiar la Ley de Vivienda de Galicia para recuperar la superficie mínima «digna» de 40 metros cuadrados para alojamientos compartidos.

Finalmente, ha instado a retirar del mercado los pisos turísticos ilegales, regular por ley el alquiler de habitaciones, e impulsar y tramitar directamente las zonas tensionadas desde la Xunta.