La alcaldesa de Lugo, Elena Candia, ha informado este miércoles en el Comité de Seguridad y Salud de una sentencia dictada por la sección de lo Social del Tribunal de Instancia que concluye que el anterior gobierno municipal vulneró el derecho fundamental a la integridad física y a la salud de un trabajador del Parque de Bomberos.

La resolución judicial condena al Ayuntamiento a adoptar medidas correctoras en materia de prevención de riesgos laborales en todo el parque y a abonar una indemnización de 7.500 euros por daños morales al trabajador afectado.

Durante la reunión, Candia ha calificado el contenido de la sentencia como «especialmente grave», al entender que confirma que el anterior ejecutivo local no atendió ni corrigió las deficiencias detectadas por la Inspección de Trabajo, pese a los requerimientos realizados en materia de seguridad laboral.

La regidora ha señalado que, cuando asumieron el gobierno municipal, el objetivo era centrarse en resolver los problemas de la ciudad, pero ha asegurado que en estas primeras semanas están encontrando situaciones «mucho más graves» de lo previsto, relacionadas directamente con la seguridad de los trabajadores municipales, «que no se atendieron ni se corrigieron».

Según ha explicado, la sentencia no responde a una discrepancia política, sino que recoge incumplimientos concretos relacionados con aspectos esenciales de la prevención de riesgos laborales. Entre ellos, cita deficiencias en la integración de la prevención en el funcionamiento del servicio, la planificación de la actividad preventiva, la designación de recursos preventivos o la elaboración de procedimientos de trabajo exigidos previamente por la Inspección de Trabajo.

Además de reconocer la vulneración de derechos fundamentales del trabajador, el fallo judicial obliga al Ayuntamiento de Lugo a implantar las medidas correctoras necesarias en un plazo máximo de 30 días y a abonar a dicho trabajador una indemnización de 7.500 euros.

Candia ha insistido en que la preocupación del actual gobierno no se limita al contenido de la resolución judicial, sino al hecho de comprobar que existían problemas de seguridad laboral que, según denunció, «llevaban demasiado tiempo sin abordarse».

La alcaldesa ha resumido algunos de los puntos tratados en la reunión del Comité de Seguridad y Salud, cuestiones relacionadas con la protección y las condiciones laborales de los empleados municipales. En este sentido, ha recordado que este órgano no se convocaba desde octubre de 2025, circunstancia que, a su juicio, «provocó la acumulación de asuntos relevantes que requieren ahora una actuación urgente».

CAÍDA EN LA VÍA PÚBLICA

La regidora ha vinculado además esta resolución judicial con otros problemas heredados que, según afirmó, «están saliendo a la luz en las últimas semanas». Entre ellos ha citado otra sentencia reciente que obliga al Ayuntamiento a pagar una indemnización superior a los 68.000 euros por una caída registrada en el casco histórico de la ciudad.

Candia ha criticado que el anterior gobierno hubiese restado importancia a este tipo de incidentes y ha recordado que, durante anteriores debates plenarios, se defendía que las caídas registradas en las zonas peatonalizadas eran escasas y que las denuncias vecinales resultaban mínimas.

Para la alcaldesa, tanto la resolución relativa al Parque de Bomberos como la condena por la caída en la vía pública evidencian «problemas de gestión» que, asegura, el actual ejecutivo municipal tendrá que afrontar y corregir de manera inmediata.