El BNG y el PSdeG han reclamado a la Xunta que impulse las modificaciones legislativas necesarias para ampliar la calificación permanente a todas las viviendas protegidas, mientras que el PPdeG ha insistido en que el régimen de protección ya tiene «duración permanente».

En una proposición no de ley del Bloque, que ha contado con el apoyo del PSdeG y el rechazo de los populares, la diputada nacionalista Saleta Chao ha asegurado que el modelo del PP «se ha demostrado fracasado» y ha acusado al Gobierno gallego de «dejar la promoción de vivienda en manos del mercado libre».

En esta línea, la parlamentaria del BNG ha criticado que se hayan incrementado «las ayudas a promotores privados de vivienda protegida». «Es hora de poner fin a la especulación», ha reclamado.

Por su parte, Aitor Bouza (PSdeG) ha vuelto a tildar la política de vivienda de la Xunta de «propaganda» y «marketing» y ha lamentado que «los especuladores puedan seguir campando a sus anchas»

En esta línea, ha comprometido el apoyo del Grupo Socialista si los populares proponen «una modificación de la ley de vivienda para que la descalificación que hoy se contempla se suprima».

Asimismo, el diputado del PPdeG Moisés Rodríguez ha reiterado que las viviendas protegidas, «de obtener ayudas, tendrán calificación permanente», al contrario, ha dicho, «que en tiempos del bipartito».

«No vamos a aceptar esta proposición de ley. ¿Saben por qué? Porque ya estamos haciendo lo que el BNG pide», ha zanjado el parlamentario popular, al que Saleta Chao ha acusado a continuación de «mentir» y le ha replicado que los datos del IGE en materia de construcción de vivienda pública «son bochornosos».

CASA 47 Y REGLAMENTO DE COSTAS

Por otra parte, sí ha salido adelante una proposición no de ley de los populares debatida este martes para demandar al Gobierno «transparencia» sobre el programa de la sociedad pública Casa 47.

En concreto, la iniciativa demanda al Ejecutivo trasladar «de manera inmediata» la información completa sobre las viviendas y los suelos que Casa 47 prevé desarrollar en Galicia e informar de los criterios de selección, adjudicación y gestión de las viviendas.

Asimismo, reclama que se garantice que todas las viviendas construidas en suelo público en el marco de este programa tengan cualificación permanente como vivienda protegida.

Por otro lado, el Parlamento ha aprobado la iniciativa del PPdeG, con el voto favorable de populares y del diputado de Democracia Ourensana, para reclamar al Gobierno central que suspenda la reforma del Reglamento General de Costas, así como más diálogo con las comunidades.

En concreto, el texto presentado por el Grupo Popular (tras registrar una autoenmienda) pide que se muestre el «apoyo expreso» a la decisión de la Xunta de trasladar a la Comisión Europea la «realidad diferencial del litoral gallego» y los «previsibles impactos» de la reforma del Reglamento general de Costas en Galicia con el objetivo de «defender los intereses» de la Comunidad y promover soluciones «compatibles con la preservación ambiental, la actividad económica sostenible, la seguridad jurídica y la cohesión territorial».

Además, insta a la Xunta a trasladar al Gobierno central que suspenda la tramitación de la reforma de este reglamento y que abra «un proceso de diálogo institucional real» con las comunidades y ayuntamientos del litoral, así como con los sectores vinculados a este ámbito.

También convocar la Conferencia Sectorial para abordar la revisión de la normativa, que se garantice la protección de los derechos concesionales y de propiedad existentes, mantener el régimen de prórrogas y concesiones previsto en la normativa vigente hasta que exista un nuevo marco normativo «consensuado» e incorporar en el proceso de reforma un análisis específico del impacto económico, social y territorial que los cambios propuestos «tendrían sobre Galicia y la cadena mar-industria».

Por último, la iniciativa de los populares exige al Ejecutivo central «respetar las competencias asumidas por Galicia en materia de ordenación y gestión integrada del litoral» y tener en cuenta las alegaciones presentadas por la Xunta, las cofradías y organizaciones empresariales afectadas.