La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha rechazado el traspaso de la titularidad de la AP-9 a Galicia en los términos pactados por el PSOE, Sumar y BNG y que han sido avalados esta semana por la ponencia del Congreso encargada de elaborar el dictamen, de modo que el texto sigue su tramitación.
«Queremos la transferencia de la AP-9, pero no en estas condiciones», ha manifestado este domingo en una entrevista concedida a ‘Cadena SER’ y recogida por Europa Press. Preguntada por su valoración, ha asegurado que el texto «desvirtúa y rompe» el pacto unánime del Parlamento de Galicia y pretende que «los gallegos sufraguen unos costes que le corresponden al Gobierno central».
Allegue encuentra una «cláusula trampa» en aquella que recoge que el Estado tendrá que asumir las consecuencias de las decisiones tomadas antes de la transferencia. En este sentido, cree que, si se declarase nula la concesión y hubiese que indemnizar a Audasa, este escenario quedaría fuera de esta condición: «La resolución no emanaría del Gobierno central, sino de un dictamen de la Unión Europea y, por lo tanto, no entraría dentro de ese artículo».
Por ello, ha emplazado al BNG y al PSdeG a que, si «consideran que están diciendo lo mismo», tienen que «dejar el texto tal y como fue aprobado» en el Parlamento gallego. En este sentido, ha asegurado que el Gobierno gallego «no entiende» por qué ambas fuerzas «se alejan y rompen el acuerdo» enmendándolo, lo que, a su juicio, supondrá «lastrar económicamente» a la Comunidad Autónoma.
ZONAS DE VIVIENDA TENSIONADA
Al respecto de la declaración de mercado residencial tensionado, Allegue ha insistido en su rechazo a la medida en consonancia con su oposición a «intervenir el mercado». Lo ha ejemplificándolo con A Coruña –único municipio de Galicia donde es efectiva–, en lo que ha comparado el número de fianzas depositadas en julio de 2025 (719) con el de marzo de 2026 (323), según datos del Observatorio Galego de Vivenda (adscrito a la Xunta).
Sin embargo, preguntada por la reducción del precio del alquiler en la ciudad herculina, ha asegurado que la bajada se ha producido en «muy poquito». «Sí, si considera que es una medida bajar 10 euros», ha aseverado.
Además, ha reafirmado su compromiso en que «claro» que el parque de vivienda pública de Galicia se ampliará hasta las 10.000 en 2030: «Este compromiso queda, con independencia de quien gobierne en este momento». Igualmente ha defendido las ayudas a promotores para que al sector «le sea rentable construir vivienda protegida».
