La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha tildado de «tomadura de pelo» el acuerdo entre PSOE, BNG y Sumar para articular una ley que permita la transferencia de la AP-9 a Galicia, y ha advertido de que han modificado «de un plumazo» el pacto que salió del Parlamento gallego, al tiempo que ha advertido de que la Xunta no permitirá que Galicia tenga que asumir compromisos económicos «que le corresponden al Gobierno del Estado».

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios, antes de participar en un almuerzo coloquio con empresarios en Vigo. La conselleira ha lamentado que este martes, en la ponencia previa a la Comisión de Transportes del Congreso, «se cambió totalmente» la proposición de ley orgánica acordada por unanimidad de las fuerzas parlamentarias gallegas, y ha recordado que la cámara autonómica acordó solicitar la transferencia de la autopista con una serie de condiciones.

Martínez Allegue ha señalado que las enmiendas de BNG, PSOE y Sumar –del que ha cuestionado «qué pinta» en Galicia, donde no tiene representación política en el Parlamento–, han supuesto una modificación «de un plumazo» de la decisión adoptada.

Así, ha señalado que, con esos cambios, ya no es el Estado el que tiene que asumir el 1% de incremento tarifario anual hasta 2037, ni el compromiso de incremento de bonificaciones, o que ha de ser Galicia la que asuma la decisión que salga de la Comisión Europea al respecto de la legalidad de las prórrogas de la concesión. «Algo que es totalmente inusual y se aparta totalmente de lo adoptado por el Parlamento gallego», ha remarcado.

«Desde luego, desde el Ejecutivo gallego, no permitiremos esta tomadura de pelo (…) Esta Comunidad Autónoma no está dispuesta a afrontar compromisos económicos que le corresponden al Gobierno central», ha advertido la conselleira.

Al respecto, Martínez Allegue ha apuntado directamente al BNG, y ha señalado que «llama poderosamente la atención» que los nacionalistas hayan «cambiado lo acordado» en el Parlamento gallego y permitan que sea Galicia la que asuma esos compromisos económicos que debe afrontar el Ejecutivo central, y a los que se ha referido advirtiendo de que suman «una cuantificación muy importante».

«Lo que está haciendo el BNG es una propaganda torticera desde un punto de vista político de una transferencia que, por supuesto, venimos demandando todos los gallegos, pero con unas condiciones económicas que no deben ser asumidas por los gallegos y gallegas», ha sentenciado.

POLÍTICA DE VIVIENDA

La conselleira hizo estas manifestaciones antes de participar en un almuerzo coloquio con empresarios, en el que ha hecho balance de las políticas de vivienda de la Xunta, y en el que ha hecho un llamamiento a «sumar esfuerzos» para hacer frente a este «desafío».

Martínez Allegue ha asegurado que la Xunta ya tiene «en marcha» las 4.000 viviendas públicas comprometidas para esta legislatura, de las que en torno a un millar están en Vigo.

Asimismo, ha puesto en valor la reciente aprobación del plan de impulso a la vivienda protegida, con medidas para facilitar el acceso de las familias a las viviendas públicas y para incentivar al sector a construir este tipo de infraestructuras.