El portavoz del Grupo Municipal Socialista y el exalcalde de Lugo, Miguel Fernández, ha instado al gobierno de Elena Candia a «no perder la carrera» por la futura Agencia Estatal de Salud pública y a culminar el trabajo iniciado por el anterior equipo de gobierno,

En un comunicado, Fernández ha recordado que la candidatura presentada por el anterior gobierno local permitió superar el primer gran filtro del Ejecutivo central y competir entre las ciudades finalistas del un proceso de «enorme dificultad».

«Era un objetivo complejo y ambicioso, pero fuimos capaces de colocar a Lugo en la carrera y ahora no se puede tirar por la borda todo el trabajo realizado hasta el momento», ha advertido.

El portavoz socialista ha señalado que el Ministerio requiere ahora ampliar y completar la documentación de la candidatura con información detallada sobre cuestiones como el acceso a la vivienda, los recursos educativos para la escolarización de los hijos del personal trasladado, las posibilidades de inserción laboral para familiares, los servicios de acompañamiento en la instalación en la ciudad o el inventario y la dotación del equipo que se podría a disposición de la futura sede.

Además, ha incidido en que el Ayuntamiento deberá concretar también las garantías de financiación de las obras necesarias para acoger la Agencia, así como los plazos y condiciones de la cesión de los espacios previstos.

«Es el momento de demostrar capacidad de gestión y altura de miras. Lugo ya hizo lo más difícil, que era entrar en la fase decisiva, y ahora es necesario hacer un esfuerzo más para no dejar escapar esta oportunidad histórica», ha afirmado antes de reclamar al actuar gobierno «más trabajo» para defender una candidatura que, según ha indicado, «nació del esfuerzo y de la planificación del anterior ejecutivo».

«USO PARTIDISTA DE FONDOS»

Por otra parte, también este lunes, la edil socialista Ana González Abelleira ha acusado al gobierno de Candia hace «un uso claramente partidista» de los recursos de la brigada municipal del rural, desviando actuaciones previstas en las parroquias para atender «decisiones tomadas únicamente por intereses políticos».

La concejala socialista ha sostenido que el gobierno del que ella formaba parte trabajaba con un cronograma claro y organizado, elaborado en función de las necesidades vecinales, de la urgencia de las intervenciones y de la prioridad a la hora de ampliar los servicios.

Sin embargo, ha censurado que ahora se ve como esa planificación «desaparece» y los trabajos pasan a depender de la voluntad política de los responsables del PP, sin criterios técnicos ni orden de prioridades.