El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, valora «muy positivamente sin ninguna duda» sus 5 meses de gestión al frente de la institución, que al terminar 2019 ha vuelto «a ser respetada dentro y fuera».

En declaraciones a los medios antes de participar en el pleno de este martes, el también alcalde de Monforte ha asegurado que en los 5 meses que lleva en la Presidencia se tomaron decisiones «relevantes e importantes». «Conseguimos normalizar la situación de esta casa», ha celebrado.

Además, ha asegurado que los trabajadores «están más cómodos» y «tranquilos» después del convulso mandato anterior, del también socialista Darío Campos, y ha añadido que entidades externas «están felicitando» a la Diputación por su «normalidad».

«En cinco meses no se puede hacer mucho más que lo que hicimos, humildemente lo digo», ha sentenciado Tomé.

SUPLUSA

Al respecto de la situación de la Sociedad Urbanística Provincial (Suplusa), cuya disolución fue aprobada la pasada semana por unanimidad en el pleno provincial, Tomé ha garantizado que su gobierno «puso orden» en esta entidad que ahora está en trámite de liquidación.

Tras su disolución, el presidente de la Diputación ha insistido en que se tomó «la mejor» solución «de todas», que fue comprar una acción de la empresa Tragsa, que ahora asumirá el mantenimiento de las zonas verdes que estaba encomendado a Suplusa.

Además de esto, los 20 trabajadores de la sociedad pública en liquidación «se subrogan», ha reiterado Tomé, a Tragsa «en las mismas condiciones laborales y salariales».

Sin embargo, estos empleados se han concentrado a las puertas del Pazo de San Marcos antes del pleno provincial para manifestar su «preocupación» por la «incertidumbre» al respecto de lo que les ocurrirá «dentro de seis meses», tal y como informa el PP provincial.

En este contexto, la portavoz popular en la Diputación, Elena Candia, reprueba que «los trabajadores tuviesen conocimiento a través de los medios de comunicación de que la Diputación los asocia a Tragsa». Además, Candia lamenta que la «normalidad democrática» que prometía el nuevo presidente socialista «traiga las primeras víctimas del pacto» entre PSOE y BNG.