La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, considera que hubo «fraude» en la selección de Mina Doade como proyecto estratégico de la Comisión Europea y, junto a la eurodiputada del Bloco de Esquerda, Catarina Martins, ha pedido «explicaciones» sobre el procedimiento y una reunión «urgente» al respecto.
Las acusaciones parten de una investigación reciente del medio alemán ‘Table Briefings’ y también recogida por el diario portugués ‘Público’. Según ha explicado el BNG en un comunicado de prensa, los hechos conocidos han revelado que el proyecto Mina Doade (Galicia), Mina do Barroso (Portugal) y hasta nueve más «recibieron valoraciones negativas en febrero de 2025 por parte de los expertos independientes encargados».
Tanto Miranda como Martins analizaron en un encuentro mantenido en Estrasburgo con Ruth Lipphardt, en nombre de SOS Suído Seixo –entidad vecinal en contra de la mina–, que, «a pesar de esta evaluación negativa inicial, el proyecto fue incluido en la lista definitiva de proyectos aprobados por la Comisión Europea». Esta declaración fue otorgada en marzo de 2025.
«En el BNG seguimos denunciando el extractivismo y las políticas de la Xunta avaladas por la Unión Europea que permiten que la mina de Doade, por ejemplo, siga siendo uno de los proyectos aprobados por la Comisión Europea como estratégicos, en base a la Ley de Materias Primas Críticas», ha criticada Ana Miranda.
CARTA A LA COMISIÓN EUROPEA
Ambas eurodiputadas han remitido una carta a la directora general de Industria y Comercio Interior en la que «piden explicaciones sobre el procedimiento de re-selección» de los proyectos que afectan tanto a Galicia como a Portugal. «Pensamos que la Comisión Europea está amparando un proceso que no fue limpio, sino fraudulento, por las presiones del PP», ha señalado Miranda.
En el documento enviado solicitan también una reunión «urgente» para conocer más información sobre el procedimiento de selección al amparo de la Convención de Aarhus, el tratado internacional, firmado por la UE. Este, según el BNG, «garantiza la transparencia y el acceso público a información sobre decisiones gubernamentales e iniciativas que trate sobre la explotación de los recursos naturales y la conservación ambiental».
