El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, ha indicado que la declaración de zona de mercado residencial tensionado «debería estar en vigor antes de julio» e irá de la mano de un plan de acción municipal con tres programas de medidas correctoras.

Así lo ha trasladado este lunes en una rueda de prensa celebrada en el Pazo de Raxoi, tres días después de que la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, anunciase la aprobación del trámite, que permitirá controlar los alquileres de la capital gallega. «Llega tras un largo trabajo y mucha perseverancia y tenacidad», ha subrayado el edil.

Y es que ha tenido que pasar casi un año para obtener la luz verde a la declaración, teniendo en cuenta que el Gobierno local, formado por BNG y Compostela Aberta, solicitó el trámite en mayo de 2025, recibiendo la petición de la Xunta de más documentación justificativa.

Sin embargo, su aplicación no será inmediata, ya que habrá esperar a su publicación en el BOE, un proceso que se puede alargar hasta dos meses, como ocurrió en el caso de A Coruña, — la resolución del IGVS fue en mayo y la publicación en el BOE a finales de julio –, y la aprobación de un plan de medidas del Gobierno local. A partir de ahí, tendrá una vigencia de tres años y afectará a la totalidad del municipio.

Con su aplicación, los nuevos contratos no podrán superar la renta del contrato anterior, con la actualización correspondiente, excepto en los casos de rehabilitación. Asimismo, no se podrán añadir nuevos gastos al inquilino si estos no estaban recogidos previamente.

En el caso de grandes propietarios o viviendas sin contrato reciente, los precios quedarán limitados por los índices estatales de referencia. Además, se incluirá dentro de esta definición a aquellos que posean cinco o más viviendas en el municipio. «Hay 2.267 inmuebles en manos de propietarios con más de cinco viviendas», ha apuntado.

Paralelamente, la Autoridad local deberá presentar un plan de medidas correctoras con tres programas diferenciados, que tendrá que aprobarse en los próximos dos meses. «Llegamos aquí con los deberes hechos», ha señalado Lestegás, detallando que algunas de las medidas incluidas ya están en marcha.

Así, el programa A incluye medidas específicas para optimizar el uso del parque residencial existente y acciones sobre rehabilitación y movilización de inmuebles sin uso. Con respecto al programa B, se destina a ampliar el parque de vivienda protegida, con medidas destinadas a crear un parque público de viviendas en alquiler E incorporar reservas de vivienda protegida en el centro de la ciudad. Finalmente, el programa C recoge medidas para mejorar la eficiencia de la Administración, por ejemplo, con la reestructuración y reorganización funcional del servicio de licencias urbanísticas o la simplificación de trámites.

El plan incorpora una calendarización e identifica una serie de indicadores para facilitar la vigencia de la declaración y la evaluación de su cumplimiento.

«Tenemos una estrategia clara y conocida en materia de vivienda que ya estamos implementando, esto no empieza ni acaba ahora, pero la declaración de Santiago como Zona de Mercado Residencial Tensionado permitirá contener la escalada del precio del alquiler, aliviando a muchos inquilinos, y permitirá acceder a más recursos», ha remarcado.

A CORUÑA PERCIBIÓ MEJORAS

En el turno de preguntas, Lestegás ha sido cuestionado por la posibilidad de que se retiren del mercado pisos, como consecuencia de esta declaración. Al respecto, el edil de Urbanismo ha explicado que «no es cierto que ese efecto se deba producir».

Así, ha puesto de ejemplo el caso de A Coruña, donde, ha asegurado que en diciembre de 2024 se firmaron 220 contratos y en diciembre de 2025 ascendieron a 336. En cuanto al precio de alquiler, la ciudad herculina percibió una bajada del 7% de junio a diciembre del año pasado.

«Lo que no se puede asumir ni aceptar es la utilización de los contratos de temporada en fraude de ley para evitar la aplicación de las medidas de contención de precios previstas en la ley. Estos contratos deben indicar la causa de la temporalidad y el arrendatario tiene que tener un domicilio permanente», ha advertido.

Además, ha afirmado que el uso de este tipo de contratos para evitar la aplicación de medidas de contención puede derivar en actuaciones por parte de consumo, Facenda y la justicia.

«El Gobierno de Navarra ya está auditando los contratos para identificar y sancionar irregularidades. Entonces me pregunto si la Xunta va a hacer su trabajo o va a seguir echando balones fuera, porque es muy fácil boicotear una medida y después decir que no funcionó», ha criticado.