La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha reivindicado este martes la gestión autonómica del litoral gallego desde la cesión de competencias -hace un año-, una gestión con la que han tratado de unificar el «reino de taifas» que representaban las tres provincias costeras. Para la oposición, sin embargo, sus actuaciones son «una mera chiringuitada» -en referencia a los permisos para la localización de chiringuitos-.

En una comparecencia a petición propia esta mañana en el Parlamento de Galicia, la conselleira ha destacado los «importantes avances» alcanzados en sostenibilidad, eficiencia y transparencia en la gestión de la franja costera «desde que Galicia pudo asumirla de forma directa y plena».

Según ha relatado, desde que el pasado 1 de julio se hiciera efectivo el traspaso de las funciones y servicios para la gestión costera, su departamento trabajó «contra reloj» para tramitar expedientes que «urgía resolver, sin contar con la colaboración del Gobierno central y encontrándose con una realidad heterogénea en las tres provincias costeras».

En concreto, se ha referido a los cambios en la gestión de las autorizaciones para los servicios de temporada (chiringuitos de playa, terrazas, stands de salvamento o puestos de alquiler de canoas), que este año, por primera vez, podrán abrir de forma ininterrumpida desde Semana Santa hasta el 31 de octubre y cuya autorización tendrá la misma vigencia, también por primera vez, con independencia de la provincia en la que se tramite.

Asimismo, «para avanzar en la triple perspectiva con la que fue impulsada la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia -ambiental, social y económica-«, Ángeles Vázquez ha recordado que este año se convocaron, por primera vez, ayudas a promotores de chiringuitos para adaptar la imagen de estas instalaciones al entorno, además de activar un plan de vigilancia para garantizar que las actividades de temporada cumplan y se ajusten a lo autorizado.

En lo que respecta a la administración, también ha citado medidas para «agilizar y simplificar» la tramitación de los expedientes relacionados con la costa, con un total de 1.200 títulos habilitantes resueltos en los últimos 10 meses.

Sobre esto, ha incidido en la nueva solicitud única y digital para todos los procedimientos del litoral, «lo que supuso pasar de cinco tipos de formularios a uno solo»; la homogeneización de los importes de las tasas y de las garantías relativas a autorizaciones y concesiones en toda Galicia o la puesta en marcha del portal web Galicia Litoral con información útil y unificada a disposición de la ciudadanía.

FORO DEL LITORAL Y CAMIÑO DEL LITORAL

También en esta línea, la responsable autonómica ha avanzado que trabajan en el registro de autorizaciones y concesiones en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT), «una herramienta que estará disponible este verano y con la que se busca garantizar más transparencia y seguridad jurídica a particulares, sectores y administraciones».

A esto ha sumado el decreto regulador del procedimiento integrado para los títulos de intervención en el litoral, una medida de simplificación «ambiciosa» que pretende «evitar duplicidades y trámites ante distintos organismos con el mismo fin», que se prevé que esté aprobado en el segundo semestre.

Por otra parte, ha anunciado también que la próxima semana se constituirá formalmente el Foro del Litoral, máximo órgano colegiado de consulta y participación para la ordenación de la costa y del que formarán parte 20 representantes de la sociedad civil, del ámbito académico y de las administraciones públicas.

Ángeles Vázquez ha referido también otras medidas concretas como el ‘Camiño do Litoral’, un itinerario de más de 1.300 kilómetros dividido en 53 etapas, que se podrá comenzar a recorrer desde este verano, tanto a pie cómo en bicicleta.

También el Catálogo de bens de valor cultural no litoral, disponible en formato digital desde la semana pasada y en el que se identifican 2.003 elementos representativos del patrimonio costero gallego de los cuáles más de la mitad serían susceptibles de destinarse a nuevos usos «siempre y cuando el proyecto sea compatible y respetuoso con los valores que los hicieron merecedores de protección».

Por último, la conselleira ha denunciado los «obstáculos» interpuestos por el Gobierno central, que inició un procedimiento para reformar el Reglamento de costas, un trámite que, argumenta, inició «sin informar previamente a las autonomías, dando poco plazo para presentar aportaciones a la consulta pública previa y sin convocar la preceptiva Conferencia Sectorial de costas».

«Fue la presión ejercida desde la Xunta la que llevó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a rectificar, ampliando el plazo de alegatos hasta el 15 de abril -frente al 1 de abril inicialmente previsto-«, ha subrayado.

La conselleira ha insistido en el rechazo de la Xunta a la reforma, argumentando que invade competencias exclusivas atribuidas a Galicia, vulnera derechos consolidados por los titulares de concesiones y genera «un escenario de inseguridad jurídica que, además de no resolver el problema del expediente abierto por la Comisión Europea contra España, derivará en una avalancha de litigios y recursos por parte de los afectados que tendrá un grave impacto económico en las arcas autonómicas por las indemnizaciones».

Por este motivo, ha anunciado que el próximo 6 de mayo Galicia y el resto de regiones costeras afectadas acudirán al Senado para mostrar su oposición a esta modificación reglamentaria y exigir que se redacte, desde el consenso, una nueva ley estatal.

OPOSICIÓN

El diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, ha deslizado que la Administración gallega incide siempre más en la Galicia costera, por lo que le ha pedido a la conselleira que, entre eso y «sus litigios con el Gobierno central», «no se olvide de Ourense».

El portavoz de Infraestruturas del PSdeG, Carlos López Font, ha afeado que el PP utilice la competencia de la gestión del litoral para «abrir la puerta a usos impropios e intereses económicos y reducir los estándares ambientales», además de querer «preparar un mapa de usos lucrativos».

Para los socialistas, el Catálogo de bens de valor cultural no litoral, «en vez de proteger el patrimonio costero, esconde un catálogo de 812 bienes que pueden ser reconvertidos para negocios, y por ello en un solo mes concedieron 127 títulos, muchos de ellos para chiringuitos y eventos».

En esta línea, López Font ha criticado que en lugar de reforzar la conservación y «apostar por un modelo sostenible», la Xunta haya optado por «generar incertidumbre normativa, debilitando el control y abriendo la puerta a mayor presión urbanística».

Por su parte, el diputado nacionalista Xosé Luis Bará ha acusado a la Xunta de hacerse «trampas al solitario», recordando que el Gobierno central mantiene las competencias sobre la titularidad del dominio público marítimo-terrestre.

«Galicia no tiene la verdadera competencia sobre la costa. Y usted -en referencia a la conselleira- viene aquí a presumir de todo el trabajo que hicieron estos meses. Y básicamente nos viene a decir que autorizaron fiestas, actividades deportivas, festivales, procesiones… Que tramitaron 800 autorizaciones de actividades de temporada y más de 400 chiringuitos», ha señalado, asegurando: «Esto es una chiringuitada».

Para los nacionalistas, detrás de esta norma se esconde un plan para la «explotación económica, industrial y turística del litoral». «Porque ven el litoral fundamentalmente como un territorio para la especulación y para el negocio privado», ha denunciado Bará.