La Comisión de Defensa del Congreso debatirá y votará este lunes una iniciativa registrada por Sumar, Bildu, PNV, ERC, Junts, Podemos y BNG que reclama al Gobierno una investigación «exhaustiva e independiente» a escala nacional sobre abusos y malos tratos supuestamente sufridos por jóvenes en las décadas de 1980 y 1990, durante el servicio militar obligatorio.

En la proposición no de ley, recogida por Europa Press, las formaciones se apoyan en «numerosos testigos» que en los últimos meses han relatado «situaciones sistemáticas de vejaciones, maltratos, acosos y agresiones físicas y psicológicas» sufridas por los reclutas en los cuarteles.

También hablan de «numerosas muertes» producidas en «circunstancias no suficientemente aclaradas» y citan más de 300 suicidios documentados en las Fuerzas Armadas entre 1983 y 2001 –fecha de finalización de la ‘mili’–, según datos oficiales del Ministerio de Defensa.

No obstante, Sumar, Bildu, PNV, ERC, Junts, Podemos y BNG apuntan a que investigaciones periodísticas y testigos de los familiares consideran que la cifra podría ser superior, especialmente si se tienen en cuenta las defunciones calificadas en su momento como «accidentales».

«Diversas familias han conocido años después que la muerte de sus hijos había sido un suicidio vinculado a los abusos y vejaciones sufridos durante la estada en los cuarteles», hacen hincapié los socios parlamentarios habituales del Gobierno.

NO SON HECHOS AISLADOS

Las formaciones citadas señalan que estos hechos «no responden a episodios aislados, sino a una dinámica estructural de impunidad y negligencia institucional con consecuencias devastadoras para las víctimas y sus entornos».

«La falta de investigaciones exhaustivas, el silencio institucional durante décadas y la absencia de mecanismos de reconocimiento y reparación han agravado el sufrimiento de las personas afectadas».

Por todo ello, Sumar, Bildu, PNV, ERC, Junts, Podemos y BNG instan a abrir una investigación «exhaustiva e independiente a escala estatal» sobre los hechos descritos que incluya la recopilación de datos sobre suicidios, muertes en circunstancias no aclaradas y denuncias de abusos vinculadas al servicio militar obligatorio; el análisis de posibles responsabilidades institucionales, políticas y militares; y la evaluación de mecanismos de control existentes en el periodo afectado y de sus carencias.

Además, amparándose en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, pide que esa institución inicie actuaciones de oficio para esclarecer lo ocurrido en la ‘mili’ durante las décadas de 1980 y 1990. Creen «necesario» activar formalmente este mecanismo para «contribuir al esclarecimiento de los hechos, al reconocimiento de las víctimas y al impulso de medidas de reparación, promoviendo que el alcance estatal de la cuestión sea asumido por los órganos competentes».

Por otra parte, reclaman al Estado que, una vez acreditados los hechos, reconozca «públicamente» a todas las víctimas; establezca mecanismos de reparación «moral, simbólica y económica»; garantice el acceso a asistencia jurídica gratuita y apoyo psicológico para las personas afectadas y sus familiares; y recomendaciones para evitar que hechos así se repitan.