Vox someterá esta semana a votación del Pleno del Congreso una moción en la que insta al Gobierno a derogar los decretos que incluyen la regularización de inmigrantes acordada el pasado martes por el Consejo de Ministros y el que refuerza la universalidad en el acceso a la sanidad pública, al tiempo que le exige que repatríe aquellos inmigrantes que se encuentran de forma «ilegal» en España.

Éstas son algunas de las medidas que los de Santiago Abascal han incluido en su moción, a la que tuvo acceso Europa Press, y que es consecuencia de la interpelación que dirigieron el pasado miércoles al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

En dicha interpelación, la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, ya urgió a Bolaños garantizar que los españoles sean la prioridad nacional del Gobierno con el fin de que no se sientan están «a la cola» y que asegure la sostenibilidad del Estado de bienestar del país, como así lo establece en uno de los puntos de su moción.

Asimismo, la tercera fuerza del Congreso emplaza al Ejecutivo a enviar de vuelta a los inmigrantes que se encuentren de forma irregular en nuestro país y a remigrar a todos aquellos extranjeros que, «por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar de los españoles».

PRIORIDAD NACIONAL EN EL ACCESO A TODAS LAS AYUDAS

En su iniciativa, Vox también aboga por que el Gobierno establezca la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas y prestaciones sociales, los servicios públicos y los programas de vivienda (para acceder a vivienda social y a vivienda protegida, para beneficiarse de las bonificaciones fiscales diferenciadas o para ser receptor de cualquier tipo de ayuda relacionada con la vivienda).

Además, aspira que el Estado garantice la sostenibilidad del sistema sanitaria impidiendo que, «salvo casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital o de emergencia», los inmigrantes «ilegales» puedan hacer uso de nuestro sistema sanitario.

En este sentido, plantea la derogación del real decreto de marzo de este año por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de los extranjeros sin residencia legal en España.

También aconseja al Gobierno derogar el proceso de regularización «masiva» de inmigrantes «ilegales» y acabar con la prestación de asistencia jurídica gratuita a aquellos extranjeros en los asuntos relacionados con procesos de expulsión del país.