La directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, Sandra Vázquez, ha urgido mayor celeridad al Gobierno en el traspaso de competencias para «mejorar los servicios» que se prestan a los gallegos y ha puesto el foco en la negociación de dos que están sobre la mesa: aeródromos y helipuertos no considerados de interés general, y autorizaciones iniciales de trabajo a extranjeros.

En una comparecencia en la Comisión Institucional del Parlamento, que ha estado muy marcada por el debate sobre el decreto de regularización extraordinaria de migrantes estatal, Sandra Vázquez ha explicado que la Xunta quiere avanzar en los trabajos –que han dado pasos técnicos en las últimas semanas– para cerrar cuanto antes, este mismo año, estas transferencias y avanzar en competencias que ya tienen otras comunidades.

El diputado del BNG Iago Tabarés ha reprobado el enfoque de la Xunta sobre los migrantes y ha advertido de que «son más que mano de obra». «Son seres humanos, y en muchos casos tienen que venir aquí por culpa de sus guerras», ha advertido el parlamentario nacionalista, quien ha recordado que Galicia «también fue un pueblo emigrante».

Por su parte, la diputada Patricia Iglesias ha afeado «tintes racistas y xenófobos» en las declaraciones del presidente gallego, Alfonso Rueda, sobre el decreto de regularización de migrantes, y desde una perspectiva más amplia le ha instado a abandonar «luchas estériles para bailar el agua a (Alberto Núñez) Feijóo» y se centre en negociar las transferencias de competencias a Galicia.

Tanto Tabarés como Iglesias han incidido en que, pese al «discurso» de los populares, que ha secundado el diputado Roberto Rodríguez, desde que el PPdeG recuperó la Xunta en 2009 solo se ha formalizado un traspaso, el de las competencias del litoral, el año pasado. «Una transferencia en 17 años», ha resumido.

Sandra Vázquez ha replicado que la Xunta defiende «una emigración controlada, segura y eficaz, vinculada a la demanda de las empresas y con una integración sociolaboral en befeficio de la comunidad». Por ello, ha pedido «rigor» y ha insistido en que se busca priorizar los permisos de trabajo después de «meses de retraso».

AP-9 E INGRESO MÍNIMO VITAL

También ha replicado a la oposición que «no se trata de solicitar transferencias sin límite, al kilo, sino de asumir lo que honestamente se puede hacer desde Galicia mejor que el Gobierno central». Como ejemplo, se ha referido al traspaso de la AP-9 y se ha quejado de un peaje que ha comparado con «un impuesto revolucionario» por una vía estratégica para la comunidad.

Tanto la representante del PSdeG como el nacionalista Iago Tabarés han sugerido que hay que tener «poca vergüenza» siendo una dirigente popular para aludir a «un impuesto revolucionario» de la AP-9 o lamentar que no se materialice la transferencia –cuando los populares la «vetaron» en el Congreso y la prórroga más amplia de la concesión fue autorizada con José María Aznar de presidente estatal–.

«Se les acabó el comodín de la prórroga de Aznar, estamos con la prórroga de Sánchez», ha replicado Vázquez, quien ha advertido que el proceso abierto por la Comisión Europea, que la ve ilegal, da ahora pie a que el actual Gobierno estatal actúe y rescate la concesión, pero no lo hace.

En el campo social, el Gobierno autonómico exige también el traspaso del Ingreso Mínimo Vital con la idea de gestionarlo al mismo tiempo que la Risga, evitando así que las personas afectadas tengan que ir de una administración a otra para complementar las ayudas estatales y autonómicas.

El traspaso, solicitado en junio de 2024, sigue todavía «pendiente de respuesta», según ha lamentado la directora xeral.