Los portavoces del PP en el Ayuntamiento de Lugo, Elena Candia, y en la Diputación, Antonio Ameijide, han acusado al PSOE y al BNG de llevar a cabo «maniobras poco transparentes y estéticas» para «dejar hueco» dentro de la institución provincial al hijo del alcalde, Miguel Fernández.

En un comunicado, tanto Elena Candia como Antonio Ameijide han asegurado que socialistas y nacionalistas están demostrando «una vez más» que «ponen a las administraciones públicas al servicio de sus intereses, en lugar de ponerlas al servicio de los lucenses».

Según narran los populares, el 14 de agosto, una funcionaria de la Diputación de Lugo solicitó una prórroga para continuar dentro de la entidad provincial como secretaria-interventora a partir del 19 de noviembre de 2025. Sin embargo, indica que el 18 de noviembre de 2025, José Tomé, aún como presidente, firma (por avocación) la denegación de la prórroga solicitada por la funcionaria, decisión que la interesada recurrió vía judicial.

Tras ello, el PP de Lugo indica que el 16 de marzo de 2026 se realiza el nombramiento del hijo de Miguel Fernández, que toma posesión cuatro días después, el 20 de marzo de 2026, misma data en la que se firma un decreto de la presidencia para «Comisionar secretario-interventor asistencia al Ayuntamiento de Burela» a hijo del regidor a prestar servicio en esta administración, en la que ya trabajaba hasta su nombramiento en la Diputación de Lugo.

Para realizar este nombramiento, desde la Diputación de Lugo se hace referencia al artículo 55 del RD 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional.

De este modo, el PP señala que «utilizan una normativa que no se atinge al caso del Ayuntamiento de Burela», ya que sostienen que el artículo 55 do RD 128/2018 hace referencia explícita a municipios de menos de 1.000 habitantes, circunstancia que no se da en este caso, que asciende los 9.000 vecinos.

Elena Candia ha advertido que «prácticas como estas no deberían tener cabida en ninguna administración pública» y ha contrapuesto esta situación con la «realidad» del Ayuntamiento de Lugo. «Mientras en la Diputación se resuelve en dos meses una situación puntual, en el Ayuntamiento de Lugo, el PSOE con la complicidad del BNG, llevan años sin cubrir vacantes, sin actualizar la relación de puestos de trabajo y sin reforzar los servicios básicos, dejando al personal y la ciudadanía sin los recursos necesarios».

RESPUESTA DE LA DIPUTACIÓN

Tras las acusaciones de los populares, la Diputación de Lugo ha emitido un comunicado en el que subraya que la incorporación del funcionario fue autorizada por la Xunta de Galicia y que su comisión de servicios «no fue una decisión unilateral ni opaca» fue autorizada por la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia», en una resolución que concluye que «la solicitud cumple con las previsiones de la normativa vigente».

Asimismo, apunta que la plaza se publicó el 4 de marzo de 2026 en la página web Edidolocal y se comunicó a los Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoureros de Galicia. También apunta que no se recibió ninguna otra solicitud.

«Si el Grupo Provincial del PP considera que la Dirección Xeral de Administración Local actuó de forma incorrecta, tiene a su disposición vías legales para impugnarlo», apunta la institución provincial, que sostiene que el PP reduce deliberadamente el marco competencial de la diputación para «construir un relato falsos».

Además, critica que el PP se base en el artículo 55 del Real Decreto 128/2018, toda vez que, según apunta, los artículos 47 a 49 del propio Reglamento del Servizo de Asesoramiento y Asistencia Jurídica, Económico-Financeira y Técnica a los ayuntamientos de la Diputación de Lugo (BOP nº 109, de 15 de mayo de 2009) recogen expresamente la prestación de las funciones reservadas a los funcionarios con habilitación de carácter nacional para la realización de cometidos específicos de carácter circunstancial, sin límite de población.

«El PP y sus diputados deberían conocer este reglamento. Si lo desconocen, evidencian una falta de rigor preocupante. Si lo conocen y ocultan, evidencian una voluntad deliberada de desinformar», censura.

También apunta que la necesidad de refuerzo del servicio «es real, documentada y urgente» toda vez que las dificultades para cubrir puestos de secretaría e intervención en pequeños municipios son un problema estructural y cónico.

La institución provincial, entre otras cuestiones, subraya también que la filiación familiar no priva a ningún trabajador de sus derechos y censura que el PP se refiera de forma sistemática al funcionario por su relación familiar con un cargo público. «Es una estrategia de personalización destinada a sustituir el análisis de los hechos por un perjuicio emocional», critica.

También recuerdan que el funcionario, habilitado de carácter nacional de la subescala de Secretaría, categoría de Entrada, condición que se obtiene exclusivamente mediante oposición libre de ámbito estatal, tiene destino definitivo en el ayuntamiento que ejerce las funciones públicas reservadas de secretaría, resultando ser el 1° de su promoción.

«Aquí no hay favores, hay procedimientos y hay personas con expedientes brillantes que deciden venir a trabajar a la provincia de Lugo», ha dicho para subrayar que la Diputación provincial actúa dentro dela legalidad, al servicio de los 67 ayuntamientos de la provincia.