La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha acusado al Partido Popular (PP) de repartir entre sus «amiguetes» la vivienda pública en las comunidades autónomas donde gobiernan, como están haciendo en Alicante o en Sevilla.

«El Gobierno está poniendo todos los recursos económicos para ampliar el parque público de vivienda en nuestro país ¿Y qué hacen ustedes? Vivienda protegida, sí, alguna vez, pero no para siempre ni para todos, para los suyos, como en Alicante o como hacen en Sevilla, con vivienda protegida de 350.000 euros que podrá descalificarse en apenas siete años para que sus amiguetes la vendan a 700.000», ha indicado en la Sesión Plenaria del Congreso de los Diputados.

Así ha respondido al diputado del PP, Sergio Sayas, que ha asegurado que la izquierda no vale para solucionar el problema de la vivienda, ya que los precios están en niveles récord en todas las provincias de España tras ocho años de un gobierno de izquierdas.

Sayas ha asegurado que la izquierda que Gobierno el país es «una estafa» e «hipócrita» porque se dedica a pisar «alfombra roja» o a «viajar en business», mientras a los que dice representar no pueden pagar el alquiler o tienen que vivir en zulo por el que pagan lo mismo que antes costaba un piso entero.

En su respuesta, la ministra de Vivienda ha interpelado directamente al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se encontraba presente en el pleno, y le ha preguntado si le gusta que los populares se repartan las viviendas protegidas en las comunidades en las que gobiernan.

«¿Le gusta, señor Feijóo, que con el dinero de todos se lo queden unos pocos? ¿Le gusta, señor Feijóo, que el esfuerzo que estamos haciendo mil millonarios, en lugar de repartirse para la gente que necesita una casa, se lo queden unos pocos? ¿Le gusta, señor Feijóo, que en Sevilla una vivienda protegida cueste 350.000 euros? A mí no me gusta», ha expuesto.

En esta línea, Rodríguez ha criticado también el boicot de las comunidades autónomas — la mayoría gobernadas por el PP — a la ley de vivienda, que permite congelar los alquileres, o que el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, haya recurrido la norma en lugar de perseguir los pisos turísticos ilegales.