El Parlamento gallego ha pedido al Gobierno central que suspenda la tramitación del anteproyecto de modificación del Reglamento General de Costas en aquellos preceptos que incidan directamente en el régimen de duración y prórroga de las concesiones que amparan actividades económicas.
Esta propuesta del PPdeG fue debatida en la tarde del martes en el pleno de la Cámara, pero no ha sido hasta este miércoles cuando ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta parlamentaria de los populares, pero sin ningún voto en contra, toda vez que la oposición ha optado por la abstención.
En el debate, el diputado popular Miguel Fidalgo denunció que el Gobierno tiene un «plan» para «expulsar progresivamente toda la actividad del litoral» y busca con el cambio en el reglamento «abrir la puerta a revisar concesiones vigentes». Sostivo que va a «equiparar la situación de una batea con un chiringuito de playa» y dice que pone en riesgo 25.000 empleos y 3.700 millones de facturación.
Esta propuesta también reclama al Ejecutivo central convocar una conferencia sectorial urgente para debatir con todas las comunidades el alcance de la reforma, con respuesta a las alegaciones de Galicia, sin convertir el periodo de consulta «en un trámite del expediente vacío de contenido».
También persigue asegurar la plena seguridad jurídica de las concesiones y sus inversiones, «evitando cualquier retroactividad material de las modificaciones reglamentarias».
Entre otras cuestiones, pide hacer un estudio del impacto económico, social y laboral, además de garantizar una indemnización por «cualquier modificación del plazo o de las condiciones de las concesiones ya otorgadas».
Durante el debate parlamentario, Rosana Pérez (BNG) afeó al Gobierno gallego que tiene la intención de «meterle miedo a la gente» como ya hizo en 2024, la última vez que el Gobierno intentó modificar este reglamento, en lo que define como un «campañón» que llevó a cabo la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
Igualmente, Carlos López Font (PSOE) cargó contra la «utilización del Parlamento» por parte del PP para «confrontar con el Gobierno de España». De hecho, se ha mofado de que la propuesta presentada por los populares era de 2024 y han tenido que hacerse una autoenmienda con hasta nueve puntos.
PETICIÓN DE IVA FRANQUICIADO
Otra de la proposiciones no de ley debatidas esta el martes y que ha sido aprobada este miércoles ha sido en la que el PPdeG insta al Gobierno la transposición de la directiva europea para la puesta en marcha del IVA franquiciado, lo que supone a pequeñas empresas y autónomos la exención del IVA hasta 85.000 euros. En este caso, la iniciativa ha contado con el apoyo de BNG y el diputado de Democracia Ourensana y la abstención del PSdeG.
En la defensa de la iniciativa el martes, Noelia Pérez (PP) acusó al Gobierno de ser «el mayor clan de saqueadores de este país para empresas y autónomos», puesto que «lleva más de un año perjudicando» a este colectivo al no activar el IVA franquiciado que «se está aplicando en toda Europa menos en España».
Advirtió de que ahora el Gobierno quiere «utilizar como moneda de cambio» a los autónomos al comprometerse con Junts eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros para sacar adelante el decreto anticrisis
Enfrente, el diputado del Bloque Ramón Fernández Alfonzo presentó una enmienda de su grupo y arremetió contra la Xunta por «falta de política para proteger el empleo autónomo».
Patricia Iglesias (PSdeG) recriminó al PP que casi el 70% de los acuerdos del Parlamento gallego solo son para hacer peticiones al Gobierno central, lo que tacha de «desprecio» al trabajo de los diputados al «no haber un control al Ejecutivo gallego.
