La candidata propuesta por el Gobierno para ocupar la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Concepción Campos Acuña, comparecerá este miércoles ante la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso, donde deberá recabar el apoyo de la mayoría absoluta para poder ser nombrada para el puesto.
Si pasa el examen, Campos Acuña se convertirá en la tercera persona designada para ponerse al frente del órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia desde su creación en 2014. En concreto, sustituirá a José Luis Rodríguez Álvarez, cuyo mandato al frente del organismo concluyó el pasado mes de octubre.
Campos Acuña, propuesta por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, doctora en Derecho Cum Laude y tiene un Máster en Derecho de las Instituciones y Administraciones Públicas.
La candidata es una directiva pública profesional, secretaria de Administración Local categoría superior, con más de 20 años de experiencia y su último destino fue el Ayuntamiento de Vigo, aunque en la actualidad se encuentra en situación de excedencia como consultora y profesora asociada de Derecho Administrativo de la Universidad pública de Tarragona Rovira i Virgili.
Además, ha sido representante técnica en la Red de entidades locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde desempeñó diferentes trabajos en relación con la materia, como la coordinación del proceso de revisión del Código de Buen Gobierno Local de la FEMP (2015) y una de las coordinadoras de la Ordenanza Tipo de Transparencia, Información Pública y Reutilización.
CINCO AÑOS DE MANDATO
Es Coordinadora del Grupo de Trabajo de «Integridad en la Contratación Pública» de dicha Red, promoviendo actividades de formación, divulgación y editoriales; también en la misma ha sido miembro del grupo de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Una vez que cuente con el aval del Congreso, Campos Acuña será nombrada presidenta mediante un real decreto que tendrá que aprobar el Consejo de Ministros. Tendrá un mandato de cinco años, no renovable, y ejercerá sus funciones con dedicación exclusiva y plena sujeción al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado.
