El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), el socialista Alberto Varela, ha defendido este martes la necesidad de que la futura ley de administración local de Galicia sea «fruto del consenso» y ha lanzado un mensaje a la Xunta: «Estamos a tiempo».

Lo ha manifestado en Lugo, donde mantuvo una reunión con la presidenta de la Diputación, Carmela López, quien, a su vez, ha repasado las alegaciones presentadas por la institución provincial a esta normativa, cuyas «carencias» prevé abordar también en un encuentro que tiene agendado este miércoles con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Por su parte, Varela ha incidido en la relevancia de esta norma que está en fase de anteproyecto y, tras volver a quejarse de que las entidades locales «no participaron desde el primer momento en la elaboración» del texto, ha insistido en que es preciso dialogar porque la ley debe ser «fruto del consenso».

«Estamos a tiempo», ha proclamado, para resaltar, al tiempo, que abordará asuntos «muy importantes» para las administraciones locales de Galicia «para los próximos 30 o 40 años». «Es importante que sea fruto del consenso», ha recalcado, antes de pedir una financiación «mejor y más estable e incondicionada».

No en vano, ha argumentado que los ayuntamientos son «mayores de edad», una cuestión que «debe ir reflejada en la ley». Además, ha apelado a que se «respete la autonomía o soberanía» de los municipios, de forma que estos tengan «voz propia y una participación muy activa» en una norma en la que, además, son los protagonistas y los encargados de la «gestión».

«No es un buen ejemplo no haber participado desde el principio, pero quiero volver a apelar al diálogo. Tenemos tiempo de sobra y la Fegamp, los ayuntamientos, tenemos un ánimo constructivo, somos capaces de llegar a acuerdos», ha esgrimido, antes de ejemplificar con varios acuerdos como el sellado para el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) o el de la red de ayuntamientos contra el acoso escolar.

Más allá, Varela ha indicado que aprovechó la cita para ponerse a disposición de la presidenta de la Diputación de Lugo porque la Fegamp está «para ayudar a los 313 ayuntamientos» gallegos y «a las cuatro diputaciones».

«NO HUBO CONSULTA PÚBLICA PREVIA»

Por su parte, a las puertas de reunirse con Rueda, la presidenta de la Diputación de Lugo ha recordado que la institución presentó un documento con más de una veintena de alegaciones al anteproyecto de ley de administración local en las que, entre otras cuestiones, acusa a la Xunta de obviar en su diseños «trámites legales obligatorios» en la elaboración de la norma y sostiene que no hubo «consulta pública previa».

La Diputación de Lugo también afea que «no se han facilitado memorias económicas» que justifiquen «el coste de las nuevas competencias que se quieren atribuir a los municipios», y se queja de que «desaparecen del texto figuras tan propias de Galicia como las parroquias y las comarcas, reconocidas en el Estatuto de Autonomía».

En la línea de las alegaciones de la Fegamp, la Diputación de Lugo también pone el foco en su rechazo a las fusiones «obligatorias» en los términos en los que figura su regulación en el anteproyecto legislativo autonómico.

Y pide que, de mantener la opción de que puedan forzarse –la norma lo condiciona a varias circunstancias simultáneas, que van desde imcumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria durante los últimos cinco años a no optar por otras fórmulas de gestión asociativa posibles, y estar en situación de reto demográfico–, se incluya «un referendo previo».

La presidenta de la Diputación ha realizado un extracto de las alegaciones que, a lo largo de 25 folios, formula la institución provincial y que van muy en la línea de las registradas por la entidad municipalista que preside Varela. El resumen, a su juicio, de las mismas, es que «desmontan» la «premisa central» de la Xunta en relación a que el texto «refuerza» a las entidades locales.

A su juicio, más bien las «debilita». De hecho, la Diputación reclama también una financiación «mejor» e «incondicionada» y se queja de otras cuestiones como las «nuevas exigencias» en digitalización o el uso de la inteligencia artificial y una gestión «más compleja» de servicios públicos, cuando «muchos» municipios no disponen de «recursos técnicos ni personales» para asumir estas obligaciones.

DIGITALIZACIÓN

En total, Varela y Carmela López han abordado cinco asuntos en el encuentro: el anteproyecto de ley de administración local, la digitalización , el SAF, la falta de vivienda pública y la prevención de incendios forestales.

En lo que respecta a la digitalización, la presidenta ha destacado que la Diputación «apoya activamente la modernización tecnológica» de las administraciones locales, y ha avanzado que en la próxima junta de gobierno de la institución provincial se renovará la adhesión al convenio con el Gobierno gallego y la Fegamp para el uso de herramientas digitales.

«Un ejemplo», ha dicho, de como debe funcionar la colaboración interadministrativa. «La Xunta pone los recursos, las entidades locales los usamos de forma voluntaria, sin cargas adicionales. Ese es el modelo que defendemos y que no es el del anteproyecto de la ley de administración local», ha esgrimido.

SAF, VIVIENDA Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS

En la reunión, López ha explicado que se abordaron otras cuestiones que arrastran «déficits estructurales». Por ejemplo, la dirigente provincial se ha referido al SAF para señalar que, pese al último acuerdo entre Xunta y Fegamp, en 2028, «tras tres años de subidas progresivas, seguirá existiendo una brecha de 6 euros por hora entre lo que la Xunta paga y lo que realmente cuesta el servicio».

En cuanto a vivienda, ha destacado que la Xunta tiene «competencia exclusiva, herramientas y financiación estatal disponible», pero se ha quejado de que en 2025 «dejó sin ejecutar el 90% de los fondos destinados al acceso a vivienda».

Una «inacción» que, a su modo de ver, no es «un problema técnico sino una decisión política. Esta cuestión, ha dicho, también la abordará en su encuentro con Rueda de este miércoles.

Finalmente, sobre la amenaza de los incendios forestales a la provincia de Lugo, ha indicado que los ayuntamientos no tienen «los medios y el personal» para gestionar «solos» las franjas de protección alrededor de las viviendas, núcleos de población o infraestructuras en las que «es obligatorio limpiar y gestionar la vegetación para reducir el riesgo de incendio».

En este sentido, ha recordado que la Fegamp rechazó en diciembre el borrador de convenio que propuso la Xunta. «Hizo bien porque este borrador no recogía lo que los ayuntamientos necesitan: más cobertura y más financiación», ha concluido.