El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha trasladado la postura contraria de la entidad provincial a la «fusión obligatoria» de ayuntamientos en base al anteproyecto de la futura Ley de la administración loca, pero ha recalcado que estos «deben tender, por lo menos, a mancomunarse» para «actuar de una manera más eficiente y más eficaz».

«Creemos que la fusión obligatoria no es un principio de esta Diputación, pero estamos a favor de la fusión si hay voluntad por parte de ayuntamientos, porque creemos que se puede mejorar por esa vía su economía, prestación de servicios y, por lo tanto, la vida de los vecinos», ha señalado consultado por medios en una rueda de prensa posterior a la junta de gobierno provincial.

En concreto, dicho anteproyecto aspira a «clarificar competencias», abordar un nuevo sistema de financiación para las entidades locales y también impulsar nuevas fórmulas de cooperación. El objetivo es remitir la norma al Parlamento antes del verano –el horizonte es junio–.

La futura ley también ratifica la vía de que la Xunta pueda activar la fusión o incorporación (anexión) de municipios en casos excepcionales en los que la prestación de los servicios mínimos resulte «imposible» o «muy difícil» y se cumplan simultáneamente varias circunstancias, que van desde incumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria durante los últimos cinco años a no optar por otras fórmulas de gestión asociativa posibles, y estar en situación de «reto demográfico».

POSTURA PROVINCIAL

Así las cosas, Menor ha destacado que la postura provincial se explicitó a través de «alegaciones» desarrolladas con técnicos y el equipo de gobierno «en tiempo y forma», a través de la Federación Galega de Municipios y Provincias (FEGAMP), por indicación del Ejecutivo Gallego.

«En los ayuntamientos, salvo un alcalde que tenga dedicación exclusiva, que de ser así tiene que dar cuentas de ello, los concejales no cobran más que por asistencia a plenos o a órganos colegiados y las cantidades que se cobran son indemnizaciones realmente», ha añadido, y ha trasladado su negativa ante la creencia de que que «una de las razones es ahorrar muchos cargos de políticos».

«Hay muchas más cosas en donde se ahorra dinero, entre ellas, compartir secretario, interventor, llevar a cabo solicitudes de subveciones distintas, compartir servicios, y demás», ha subrayado.

GUERRA EN IRÁN E INCREMENTO DE COSTES

En este sentido, consultado por medios acerca de la afectación en el coste de los servicios locales a causa de la guerra en Irán, Menor ha manifestado que el Gobierno central «reaccionó de manera curiosa» al «bajar los impuestos en tributos que realmente recaudan las comunidades».

«De la experiencia se sacó un paquete de medidas por parte del Gobierno central, que reaccionó a petición de las comunidades autónomas de una manera curiosa, que es bajar los impuestos en realmente tributos que recaudan las comunidades, por lo que hizo recaer el coste a estas», ha añadido.

Así, Menor ha destacado que dicha medida de rebajas en los impuestos «atempera un poco» el aumento de coste en servicios como hidrocarbulos o suministro eléctrico, y ha señalado que, de momento, «todo el dinero» que la administración provincial «vaya a tener o pueda tener, lo destinará a los ayuntamientos».