El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha considerado «positivo» recurrir la indemnización por el Pazo de Meirás a la familia Franco y ha sostenido que la intención de su Ejecutivo es «seguir de la mano» del Gobierno en este proceso judicial.

Así se ha pronunciado al ser preguntado por el anuncio del Gobierno de dar la «batalla» legal por la indemnización que el Tribunal Supremo concede a la familia Franco por este pazo.

Al respecto, el presidente de la Xunta ha sostenido que «cuando hay buena voluntad de colaboración» se llega al «éxito». «Por lo tanto, ese debería ser el camino. Al menos lo es por nuestra parte», ha afirmado.

Dicho esto, ha recordado que cuando la Abogacía del Estado planteó el pleito, que ha finalizado con la sentencia del TS que confirma que el inmueble pertenece al Estado, lo hizo con base en documentación y asistencia aportada por la Xunta.

Tras ello, se ha referido a la voluntad del Gobierno para recurrir la indemnización para asegurar que cree que «puede haber argumentos» para ello y que la intención de la Xunta es «seguir de la mano» con el Estado «también en esto».

«Lógicamente tienen que hablar los expertos jurídicos entre ellos, los del Gobierno y la Xunta, pero, en principio y desde el punto de vista de la relación política, yo lo vería positivo, sin ninguna duda», ha afirmado.

INFORME DE LA XUNTA EN LA ETAPA DE FEIJÓO

Por parte, preguntado por el papel de un informe encargado por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, para que el Tribunal Supremo fallase a favor de la familia del dictador en lo relativo a la indemnización, Rueda ha dicho que en este documento, aprobado por el Parlamento, había «muchas argumentaciones jurídicas» que sirvieron para que la sentencia fuese favorable a la devolución del Pazo al patrimonio público.

«Por lo tanto, a partir de ahí, otras consideraciones que fuesen tenidas en cuenta por el Tribunal en base a ese informe… Eso queda a la valoración jurídica y las aclaraciones que pudiese hacer el tribunal», ha afirmado.

Tras ello, ha insistido en que la Xunta está «dispuesta a colaborar» para conseguir que «tampoco se pague la indemnización».