Las alegaciones registradas por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) al anteproyecto de la ley de administración local evidencian su desacuerdo o ansia de mejorar aspectos claves del texto como la financiación local (en la parte que atañe a la Comunidad) o la regulación expresa de lo que la entidad municipalista define como «fusiones obligatorias» de ayuntamientos, que rechaza.

Así lo certifica el texto articulado por la entidad, debatido por la Comisión Executiva y al que ha tenido acceso Europa Press. Fuentes populares consultadas han asegurado que «no se votó» el borrador antes de su registro y han manifestado que la formación pide no «instrumentalizar» la Fegamp y apostar «por una constructiva para lograr aprobar una nueva ley que va a incrementar la financiación de los ayuntamientos».

«Si se hace antes de octubre sería con carácter retroactivo», han incidido las mismas fuentes, mientras que, desde el entorno de otras sensibilidades políticas también representadas en la Fegamp, que preside el socialista Alberto Varela, se sostiene que el texto fue analizado por todos y se siguió «el mismo procedimiento» que en otras coyunturas similares. Una votación, sostienen estas fuentes, no es obligatoria en el marco de la deliberación salvo que alguien plantee expresamente «una objeción», lo que afirman que «no ocurrió».

Al margen del trasfondo de debate político, el borrador de alegaciones de la entidad refleja una visión crítica tanto con la forma en la que se ha articulado el texto –afea que «no hubo ningún contacto previo» con la Fegamp– y también con parte del contenido, rebajando el calado, por ejemplo, de la definición de ayuntamientos en situación de reto demográfico.

En cuanto a la financiación, las alegaciones recalcan que la propuesta unánime de la Fegamp es «una aprobación de una ley autonómica específica de regulación de la participación en los ingresos de la comunidad de los ayuntamientos consensuada con la Fegamp» en la que se «clarifique la participación anual y los criterios de reparto», pero aún así realizan aportaciones a los apartados que incluye la norma en cuestión.

Por ejemplo, aunque se valora la introducción de «criterios objetivos» para el reparto del Fondo de Cooperación Local en la línea de las demandas de la Fegamp, se ponen matices y se incide, entre otras cuestiones, en que «la dispersión debería tener, al menos, el mismo porcentaje de ponderación que la superficie».

También se plantea apostar por el «criterio inverso de la participación en los ingresos del Estado» y se agrega que debería «garantizarse a todos los ayuntamientos un porcentaje de incremento anual sobre el crecimiento medio del Fondo de Cooperación Local, fórmula que ya se usó con éxito en su día».

También se ratifica la apuesta por un capítulo específico que debería estar centrado en la financiación de gastos no homogéneos y que daría lugar a la creación de varios fondos: uno para la asunción de gastos santirios, otro para gastos educativos, otro de financiación de compensación y competencias impropias, y otro de compensación interterritorial «destinado a los ayuntamientos menos favorecidos».

OBJETIVO «INDISIMULADO»

El borrador de las alegaciones analizado en la Fegamp afea que uno de los «objetivos indisimulados» del anteproyecto es «seguir incentivando las fusiones de municipios», una postura que revelaría que la Xunta «sigue en su empeño de reducción de la planta local gallega, una de las más ponderadas de España, donde hay provincias que por sí solas tienen más municipios que toda Galicia».

También se critica el artículo 40 que, incide, regula «las fusiones obligatorias (fijando el deber de subrogación por parte de la diputación correspondiente) cuando en un municipio el establecimiento o la prestación de los servicios mínimos resulte imposible o de muy difícil cumplimiento», debiendo concurrir simultáneamente varias circunstancias que van desde incumplir los objetivos de estabilidad a estar en situación de reto demográfico.

Las alegaciones inciden en que la Fegamp «siempre rechazó las fusiones con un origen externo a la voluntad de los ayuntamientos, excepto situaciones excepcionales», que, a su juicio, no son las que se enumeran en un artículo que piden suprimir o modificar.

Y en todo caso, de mantener esa previsión, se agrega que «debería incluir un previo referéndum al amparo del artículo 5 de la Carta Europea de Autonomía local, y además ser aprobada por ley del Parlamento».

«NINGÚN CONTACTO PREVIO»

Y si la Xunta reivindica la clarificación de competencias, las alegaciones constatan «poca precisión legislativa» al respecto y muestran dudas sobre los mecanismos de delegación y el refuerzo del papel de las diputaciones.

La conclusión que se traslada es que «no hubo ningún contacto previo con la asociación que representa a los 313 ayuntamientos y a las 4 diputaciones de Galicia», la Fegamp, por lo que «difícilmente así puede recoger el anteproyecto la realidad del municipalismo»

Así, se entiende que «el anteproyecto parece partir de una clara desconfianza hacia el mundo municipal, tanto en lo político como en el administrativo», con «nuevos controles autonómicos, incremento de las funciones de coordinación o delegaciones cuasi impuestas de competencias municipales en las diputaciones».

Lamentando que el texto, «que debería ser una norma integral de lo local, no entra a regular cuestiones tan básicas como es la fijación de los servicios mínimos de prestación obligatoria para los ayuntamientos o incluso el régimen de los bienes, servicios y actividades locales».