Un estudio de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) para la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) avisa de lo «obsoleto» del sistema de financiación local, tanto en lo referido a la participación en los ingresos del Estado como de la Comunidad autónoma, y propone nuevos criterios y herramientas.

«Es necesario reformar esa financiación que establece el artículo 142 de la Constitución», ha subrayado este miércoles el presidente del ente municipalista gallego, Alberto Varela, quien ha comparecido ante los medios junto al rector de la USC, Antonio López, y el catedrático de Economía Aplicada de la USC, Santiago Lago, para presentar este estudio titulado ‘A reforma necesaria do financiamento local’.

En su intervención, Varela ha recordado que el actual modelo lleva más de 20 años y presenta «desequilibrios» que «es necesario corregir». «Los ayuntamientos no tenemos ahora absolutamente nada que ver, o por lo menos hay muchísimas diferencias, con los ayuntamientos de hace 20 años», ha dicho.

Tras insistir en que «hay problemas diferentes y competencias diferentes», el también regidor de Vilagarcía ha apelado a establecer nuevos criterios, una cuantía global en la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado y «abrir ese melón que lleva 20 años».

Varela subraya la necesidad de dar este debate en un contexto en el que se está hablando de la financiación autonómica al tiempo que se actualiza la «participación de los ingresos de la comunidad» tanto a través del Fondo de Cooperación Local como en lo relativo a las competencias.

«Es necesario que los ayuntamientos reciban más fondos, tal y como establece la Constitución, para que podamos desempeñar las competencias que los ayuntamientos están desarrollando en la actualidad», ha dicho.

A ello ha añadido la necesidad de que los consistorios sean también participes de la toma de decisiones que les vayan a afectar. «Tenemos un ejemplo muy claro, la Ley de administración local de Galicia sobre la que ya hemos dicho en todo momento que hubiese sido acertado haber sido parte el proceso desde el principio».

Otro asunto analizado en el informe, asimismo, es la posibilidad de abordar las normas de estabilidad para que los ayuntamientos puedan utilizar los remanentes incluso para gasto corriente» en un escenario en el que las administraciones locales deben ofrecer un «buen servicio público».

REALIDAD LOCAL «DIFERENTE»

En esta línea, el catedrático de Economía Aplicada Santiago Lago ha sostenido que las actuales pautas de movilidad, gestión de residuos, servicios como la dependencia son muy distintas a las que existían en la primera década del siglo XXI, lo que ha provocado un «divorcio» y una «brecha amplia» entre el sistema» actual y la problemática.

En este contexto y a nivel estatal, ha explicado que el informe pone el acento en el sistema de transferencias y, tras señalar que Xunta y Fegamp deben fijar una posición informada en estos debates, ha sostenido que hay que redefinir las pautas de redistribución.

«Igual que cuando hablamos de financiación autonómica hay mucha nivelación, es decir, la Xunta tiene más recursos de por habitante que la Generalitat de Cataluña, en el caso de los ayuntamientos no es así, toda vez que un consistorio catalán tiene más recursos por habitante que uno promedio gallego», ha explicado Lago.

Ante ello, insiste en la necesidad de incorporar en el nuevo sistema la nivelación para que los municipios gallegos reciban más recursos por habitante del fondo estatal que los que reciben ayuntamientos de comunidades más desarrolladas. «Parece que es el momento de revitalizar, dotando de más recursos, revisando los criterios de reparto, entre otras cosas, para, combinando con las transferencias del Estado acabar con pautas distributivas que son las que nos interesan», ha explicado.

SAF, TASA TURÍSTICA, AGUA Y RESIDUOS

Santiago Lago ha señalado que durante la elaboración del informe se detectaron varios ámbitos en los que el documento considera que es importante avanzar como el SAF, en el que los usuarios pagan cada vez una fracción menor de los servicios. «Y creemos que los usuarios directos, cuando tienen capacidad económica, también deben ayudar a financiarlo», ha afirmado.

También ha sostenido que el turismo conlleva «un problema de fondo que no repercute en las arcas locales» porque no hay figuras en el sistema local que reconozcan su efecto más allá de tasas por las terrazas. Sobre este asunto, sí ha puesto en valor el impuesto creado a nivel autonómico y conocido como tasa turística. Dicho esto, ha consdieradod que se debe «avanzar» y que para ello hay «varios caminos posibles».

Así, en primer lugar ha propuesto como ejemplo que la Xunta recaude y reparta vía transferencias una parte del impacto positivo que tiene el turismo en las cuentas autonómicas y que, conforme ha indicado, se nota en el IPRF y en el IVA pero «que no llega a las arcas locales». «Por lo tanto si diseñamos un sistema de transferencias de ese impuesto gestionado y aplicado en el conjunto el país, pues sería una solución».

Santiago Lago ha incidido en que se puede avanzar en posibilidad de que los ayuntamientos vean repercutido los impactos positivos del turismo y no solo los gastos y que para ello el informe pone posibilidades y soluciones «encima de la mesa» para que los consistorios reciban una parte de los ingresos. «La capacidad de los ayuntamientos tiene que ser mayor», ha apuntado.

Además, ha explicado que el documento también aborda la gestión de los residuos y del agua teniendo en cuenta las «nuevas sensibilidades, demandas y derechos». «Lo que hacemos en este informe es discutir posibles soluciones financieras y mecanismos par que los ayuntamientos tengan la capacidad de financiar acorde a sus competencias», ha subrayado.