Representantes de la Xunta de Galicia han mantenido este jueves un encuentro con cargos de otras nueve comunidades autonómas costeras para abordar la gestión del litoral y en el que han acordado la creación de un grupo de trabajo para «diseñar con rigor y de forma coordinada» una nueva Ley de costas que aborde «de modo integrado» la ordenación del litoral.
Esta es la principal conclusión trasladada por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático una vez ha finalizado la reunión celebrada en la Casa de Galicia en Madrid, a la que se han desplazado la secretaria xeral técnica, Carmen Bouso, y la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría.
Junto a ellas, han participado presencialmente representantes de Asturias, Canarias, Baleares y Comunidade Valenciana y, de forma telemática, responsables de Andalucía, Murcia, Cantabria, Cataluña y País Vasco, que se han emplazado a mantener otros encuentros próximamente de cara a la creación del grupo.
La Xunta ha defendido que esta nueva Ley de costas cuente con una «triple perspectiva» desde una «gestión integral» que contemple los aspectos social, económico y medioambiental.
REGLAMENTO DE COSTAS
Otro de los asuntos abordados, según recoge el departamento autonómico, ha sido la consulta previa iniciada por el Gobierno central para modificar el reglamento de costas, que este quiere impulsar antes del verano para evitar la condena de la Unión Europea y cuyo objetivo es que las concesiones se concedan por concurso público en lugar de prórroga automática.
En este sentido, las representantes autonómicas han expuesto los temores del Ejecutivo de Alfonso Rueda a que el único objetivo de la reforma –por la que han achacado «falta de transparencia» al Gobierno central– sea «restringir» el uso del litoral y «acortar» la duración de las concesiones.
Carmen Bouso y Paula Uría han trasladado que el Gobierno gallego está «en coordinación» con las organizaciones del complejo mar-industria, los ayuntamientos costeros y otras entidades de cara a realizar aportaciones.
De hecho, entre las alegaciones remitidas esta semana por la Xunta, está la exigencia de que se amplíe el plazo de la consulta pública previa, de modo que ha cuestionado que este tiempo se haya reducido al plazo mínimo permitido por la ley (15 días).
También ha pedido que se facilite «toda la información» sobre el expediente de infracción abierto a España para poder alegar con fundamento. Igualmente, ha objetado que el Gobierno no aporte información sobre la «magnitud» de los cambios que quiere acometer.
