La iniciativa del PP salió adelante con los votos de todos los grupos menos el PSdeG, que optó por la abstención

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 (EUROPA PRESS)

La Cámara gallega ha expresado su respaldo a la Xunta en la demanda para que el Estado abone a la comunidad autónoma los 200 millones de euros correspondientes a la recaudación del Impuesto del Valor Añadido (IVA) en el ejercicio de 2017, así como en la reivindicación al Gobierno central de las bonificaciones por cumplir con los objetivos financieros en 2017 y 2018.

Así, en el último pleno del año que este miércoles ha acogido el Pazo do Hórreo, la iniciativa presentada por el Partido Popular ha salido adelante gracias a los votos a favor de todos los grupos con la excepción del PSdeG, que optó por la abstención en los dos puntos sometidos a votación por separado.

El primero de ellos consistía en expresar el respaldo a la Xunta en la demanda ante el Estado por la devolución del cobro del IVA en 2017, mientras que el segundo versaba sobre la petición del Ejecutivo autonómico para que el Gobierno compense a Galicia por el cumplimiento de los objetivos financieros en 2017 y 2018 -regla de gasto y déficit–.

Este último punto tampoco ha contado con el apoyo de Grupo Común da Esquerda, cuyo portavoz parlamentario, Manuel Lago, ha justificado su abstención en que esta petición carece de un informe oficial que avale la demanda. «No vamos a participar en operaciones de publicidad y propaganda del PP», ha aseverado.

PP: «FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA»

Para el portavoz en la Cámara de los populares gallegos, Pedro Puy, se trata de una cuestión de «falta de voluntad política» por parte del Gobierno en funciones que preside Pedro Sánchez, a quien acusa de poner en riesgo la estabilidad financiera de las comunidades autónomas, ya que, como ha recordado, no es un problema restringido a Galicia, sino que también afecta a otras administraciones, como las entidades locales.

En este sentido, ha repasado el estado de la demanda que desde el pasado verano mantiene la Xunta con el Gobierno del Estado: «a día de hoy», de los 700 millones que reclama el Gobierno autonómico, «solo hay pagados 227» correspondientes a las entregas a cuenta, por lo que restan los 473 del IVA y los incentivos por cumplimiento de objetivos financieros.

Esta situación, según Puy, ha puesto «en riesgo» el cierre del ejercicio en condiciones de superávit por parte de la Consellería de Facenda que «ha tenido que recurrir» a créditos y ha empezado «a alargar los plazos de pago» a los proveedores. «Las comunidades le estamos pagando el gasto extra de las campañas electorales para la investidura del señor Sánchez. Esto es indecente», ha aseverado Puy.

GRUPOS DE LA OPOSICIÓN

«No es real el traslado que se intenta hacer del Gobierno central del PSOE que castiga a Galicia», ha manifestado la diputada del Grupo Socialista, Teresa Porritt, que ha negado el escenario de «discriminación» hacia la comunidad que, dice, pinta el Partido Popular y la Xunta.

La parlamentaria socialista ha apuntado que el «problema» para la devolución del IVA a las comunidades proviene del año 2016 tras unos cambios introducidos por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, lo que le ha llevado a cuestionar «por qué el ímpetu actual no lo tuvo el PP durante los 19 meses que pasaron'» desde la decisión a la moción de censura que terminó con el Ejecutivo de los populares.

Por su parte, Noa Presas (BNG) ha insistido en que la Xunta debe acudir a la vía judicial para reclamar estas partidas económicas porque consideran que «hay argumentos encima de la mesa» para hacerlo. «No le pedimos que declaren la República Gallega, pero al menos no nos lleven a una mini-diputación bananera a la que le toman el pelo», ha apostillado.

Por último, el portavoz del grupo mixto y líder de En Marea, Luís Villares, ha acusado a la Xunta de perseguir «fines ajenos al funcionamiento ordinario de la institución de autogobierno del país» con esta reclamación para la que «no valen soluciones coyunturales», por lo que considera que es preciso blindarla por ley.