La diputada del PSdeG Silvia Longueira ha acusado este miércoles a la Consellería de Política Social de cambiar derechos por pagos mensuales para «ahorrar gastos».

En una rueda de prensa ofrecida este miércoles y de la que ha informado el PSdeG en un comunicado, la parlamentaria socialista ha denunciado que la Xunta recorta la atención a la dependencia con una estrategia basada en el «ahorro económico» al sustituir servicios públicos y valoraciones profesionales por el llamado «bono cuidado».

Longueira ha advertido de que, cuando ya se supera la mitad de la legislatura, la situación de la Consellería que dirige Fabiola García, no solo no mejoró, sino que «es peor que al inicio». Un hecho que califica de «especialmente grave» al tratarse de un departamento que tiene que dar respuesta a uno de los problemas «más urgentes» de la sociedad gallega que, según señala, es «la aplicación real de la Ley de Dependencia».

Una ley, tal y como ha señalado, que «reconoció derechos a la ciudadanía y que hoy se está reduciendo a una prestación económica fija».

La parlamentaria socialista ha censurado que el sistema de bonos impulsado por la Xunta está «engullendo derechos tanto de las personas dependientes como de sus familias», convirtiendo la atención a la dependencia en una cuestión de aportaciones económicas, con un objetivo claro: «gastar menos, no garantizar mejores prestaciones ni más cobertura pública».

La diputada ha vinculado directamente este modelo con la ausencia del Plan Estratégico de Servicios Sociales y del Mapa Gallego de Servicios Sociales, de los instrumentos previstos en la ley que nunca fueron aprobados.

«Sin planificación ni previsión no hay un sistema capaz de responder al envejecimiento de la población, en una comunidad con más de 700.000 personas mayores de 65 años», ha afirmado.

Longueira ha denunciado también las consecuencias prácticas de esta política: deterioro progresivo de las residencias, denuncias por el estado de algunos centros, personas dependientes que permanecen hasta tres meses ingresadas en hospitales por falta de plazas residenciales y usuarios trasladados a centros alejados de su entorno familiar, rompiendo vínculos y arraigo.

La diputada ha puesto el foco en las modificaciones introducidas en la Ley de acompañamiento de los presupuestos de 2025, que ha calificado de planificadas para desestructurar el sistema. Entre ellas ha destacado la eliminación del informe social como puerta de entrada a la dependencia, alejando a los trabajadores sociales de la valoración y permitiendo que la solicitud se haga con un simple formulario administrativo.

En este contexto, ha alertado de que incluso se abrió la puerta a que empresas privadas cobren hasta 120 euros por cubrir esa documentación, mientras la Xunta ofrece como respuesta una prestación de unos 416 euros al mes.

La socialista ha sostenido que el coste real de una personas dependiente supera 1.700 euros mensuales, por lo que la diferencia supone un ahorro evidente para la administración autonómica.

Longueira ha explicado que muchas personas reciben comunicaciones en las que se les reconoce el derecho a percibir atrasos económicos, pero sin información clara sobre los requisitos necesarios para cobrarlos, como la obligatoriedad de presentar facturas de empresas autorizadas, lo que provoca ese dinero nunca llegue a las familias.

Además, ha denunciado que quien rechaza el bono y solicita servicios como la ayuda en el hogar o una plaza residencial pública queda en una lista de espera de dos o tres años.

A ello ha añadido la «unificación indebida» de los procedimientos de dependencia y discapacidad, una decisión que, según ha dicho, invade competencias exclusivas del Estado e introduce una «grave inseguridad jurídica».

«Hay personas a las que se les reconoce dependencia sin que se les garanticen los derechos asociados al grado de discapacidad, vulnerando el principio de equidad recogido en la ley», ha señalado.

Además, ha dicho que el sistema de bonos no tiene en cuenta la renta de las personas beneficiarias, de forma que quien percibe 1.000 eiros al mes recibe la misma ayuda que quien cobra 2.000, eliminando cualquier criterio de justicia social.

La parlamentaria socialista ha recordado que el recurso presentado contra estas modificaciones ya fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional y ha exigido una rectificación inmediata de la Consellería.