El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha reiterado que la Xunta mantiene su apuesta por las fusiones «voluntarias» y rechaza forzar las uniones entre municipios, aunque ha defendido que la futura ley de administración local contemple «mecanismos» que permitan actuar si se llegasen a dar «situaciones extremas».

Lo ha trasladado tras ser preguntado por el hecho de que la futura ley abre la vía de que la Xunta pueda activar la fusión o incorporación (anexión) de municipios en casos excepcionales en los que la prestación de los servicios mínimos resulte «imposible» o «muy difícil».

Para poder hacerlo, tendrían que darse varias circunstancias: desde incumplir objetivos de estabilidad presupuestaria durante los últimos cinco años a no optar por otras fórmulas de gestión asociativa posibles, y estar en situación de «reto demográfico».

De llegar a darse este caso, durante la tramitación de dichos expedientes de fusión o incorporación, el anteproyecto legislativo contempla que la diputación provincial correspondiente se subrogará en la prestación de los servicios mínimos necesarios.

Llegado el caso, para materializar la fusión o anexión en cuestión no sería necesario «acuerdo favorable» del municipio en crisis por el que se interviene, siempre y cuando, eso sí, «conste en el expediente la aprobación de los demás municipios afectados. El objetivo que primaría sería garantizar a los vecinos la prestación de servicios.

Al margen de prever esta vía excepcional, el borrador de esta ley también ratifica medidas específicas que ya existen para promover fusiones municipales. Por ejemplo, los presupuestos gallegos incluirán anualmente un subfondo específico de fomento de las fusiones y criterios de prioridad en la concesión de subvenciones y ayudas.

Asimismo, la Xunta les podrá condonar a los municipios resultantes de un proceso de fusión o anexión las deudas pendientes con la comunidad, en los términos en los que determine el decreto de fusión o incorporación.

LEY PENSADA «PARA QUE PERDURE»

Calvo ha realizado varias reflexiones al respecto de esta posibilidad que permite la futura ley y ha esgrimido que la norma «no está pensada para un momento determinada, ni para el año 2026, ni 2027, ni 2028», sino para que «perdure en el tiempo». «No sé si seremos capaces de que dure otros 30 años, pero por lo menos está pensada para que perdure», ha recalcado.

Y al respecto, se ha reafirmado en que tiene que contemplar «una serie de mecanismos para poder hacer frente a cualquier situación que hoy no se esté dando, pero que se pueda dar mañana».

Calvo ha recordado que la Xunta siempre ha impulsado las fusiones «de manera voluntaria» y ha activado incentivos para favorecerlas –ha ejemplificado con que Galicia es la única comunidad en la que se han cerrado dos «en los últimos años» (Oza-Cesuras y Cerdedo-Cotobade)–. Y ha añadido que se ha hablado con otros «muchos» municipios, pero que «finalmente no quieren dar el paso».

Ahora, ha agregado que se incluye en la ley que, ante determinados «casos excepcionales», cuando un municipio no pueda «prestar servicios» a sus propios vecinos, exista la posibilidad de que la Xunta «tenga potestad» para poder hablar con ayuntamientos limítrofes y ver la predisposición de los mismos para poder llegar a un acuerdo, «una fusión o algún tipo de alteración del término municipal».

«Pero siempre que esos municipios estén de acuerdo. Por tanto, no estamos hablando, ni van a existir las fusiones obligatorias que han ocurrido en otros países como Italia o Portugal, sino que estamos hablando de que, ante determinadas situaciones extremas, tiene que haber mecanismos para que la Xunta actúe», ha zanjado.