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La mesa sectorial de vivienda de Santiago se reúne para impulsar la declaración de la ciudad como zona tensionada

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El concejal de Urbanismo de Santiago, Iago Lestegás, ha presidido este lunes la mesa sectorial de vivienda, compuesta por cerca de 12 entidades, para analizar la nueva documentación para solicitar la declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionado (ZMRT).

Tal y como ha señalado Lestegás en un audio difundido a los medios de comunicación, esta es la tercera reunión de la mesa sectorial, tras las celebradas el 19 de febrero y el 22 de mayo de 2025.

«Si no fuese por el Partido Popular, que utiliza la Xunta para hacer oposición al Gobierno de Santiago, el alquiler estaría regulado en Compostela desde hace tiempo y la escalada del precio de la vivienda ya se habría contenido», ha lamentado.

Según ha ampliado el Ayuntamiento de Santiago en una nota de prensa, la nueva solicitud describe, en primer lugar, el procedimiento preparatorio dirigido a la obtención de información relacionada con la situación del mercado residencial e incorpora datos procedentes de fuentes oficiales autonómicas y estatales.

En cuanto a la memoria justificativa, «solo utiliza datos oficiales que no se complementan con datos de otras fuentes» y describe un «incremento» del precio medio del alquiler del 40,26% entre 2019 y 2024, de acuerdo con los datos del Observatorio de Vivenda, dependiente del propio IGVS.

En este sentido, ha ampliado el Ayuntamiento de Santiago, durante dicho período el «crecimiento acumulado del IPC en Galicia fue del 20,0%».

Raxoi ha recordado que la Lei polo dereito á vivenda recoge que «un ámbito cumple los requisitos para ser declarado ZMRT si el incremento del precio del alquiler en los últimos cinco años supera en por lo metros tres puntos porcentuales el incremento del IPC». «Santiago duplica este indicador», ha remarcado.

A continuación, la información en la que se basa la nueva solicitud se someterá a exposición pública durante 20 días. Posteriormente, se responderá a las alegaciones y, en caso de que sea necesario, se introducirán las modificaciones oportunas. Luego, se enviará al Gobierno autonómico — en concreto al IGVS — la nueva solicitud.

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