La corporación municipal de Santiago ha aprobado este jueves el pago pendiente de horas extraordinarias realizadas por Bomberos y Policía Local y funcionarios de la administración general, que, en conjunto, suman 842.000 euros –sin incluir la Seguridad Social–. La autorización ha salido adelante con los votos a favor del bipartito (BNG y Compostela Aberta) y PSOE y la abstención de no adscritas y PP.
El expediente aprobado incluye horas extra de Bomberos y Policía entre junio y octubre de 2025 y la festividad de octubre y servicios extraordinarios de personal de la administración general entre enero y octubre. Este pago se suma al ya autorizado de 2.172.487,76 euros, que recibió luz verde en el pleno de noviembre.
El concejal de Hacienda, Manuel César, ha recordado que este pago debe ser aprobado en pleno debido a que el monto total excede de los límites establecidos que deben guardar estas gratificaciones. De este modo, ha celebrado que «por primera vez en los últimos años» se regularice el pago de las gratificaciones de todo el personal municipal y el Ayuntamiento se ponga «al día» con ellas: «Supuso un gran esfuerzo».
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Pese a que el pago ha salido adelante, lo ha hecho entre críticas de la oposición. José Ramón de la Fuente (PP) ve un expediente «lleno de irregularidades», entre las que cita el hecho de que no exista «autorización previa» para la realización de los trabajos y que el volumen de horas realizadas «exceda con mucho el límite anual establecido».
El edil popular, que admite que parte es una «situación herededa», ve un «problema de hoy» la forma «en que se afronta», tras lo que César le ha reprochado que ponga «en duda» los informes realizados por los responsables de los servicios.
Por su parte, la socialista Marta Abal, que ha felicitado al Gobierno local por lograr el pago «en tiempo y forma», ha criticado el empleo de las gratificaciones para «atender servicios ordinarios» como «algo estructural».
Del mismo modo, el edil no adscrito Gonzalo Muíños ha afeado a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que se refiriese al conflicto –en declaraciones a los medios– como una «cuestión de dinero». «Esto no es cuestión de dinero; es cuestión de derechos, de talante negociador y de gestión», ha criticado, al tiempo que se ha referido al conflicto como consecuencia de una «negligente gestión contable».
En desacuerdo con sus ataques, la regidora ha insistido en su reiterada defensa de reivindicaciones que entiende como «legítimas»: «Había que buscarle encaje económico y legal, igual que nunca se cuestionó su profesionalidad».
