El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha defendido que existen mecanismos de control «muy exigentes» para supervisar la actividad de Povisa, de forma que se asegura que los pacientes son atendidos «bajo las mismas garantías» que los usuarios del Sergas.

Así lo ha reivindicado el conselleiro este miércoles durante el Pleno del Parlamento, donde ha respondido a una interpelación del BNG, formulada por la diputada Montserrat Prado en la que preguntaba por la política de externalización de servicios dentro de la sanidad pública gallega y las condiciones del nuevo contrato firmado por el Sergas con Ribera Povisa.

Hace unas semanas salían a la luz grabaciones del, en aquel momento, CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, sugería a directivos del Hospital Universitario de Torrejón — gestionado por el grupo — que rechazasen pacientes o incrementasen las listas de espera para «mejorar» resultados económicos.

La nacionalista ha mostrado la preocupación del grupo por la situación de Povisa — gestionado por el mismo grupo — ante lo ocurrido y ha pedido ver el contenido del contrato de la Xunta con ellos. «Dicen que es público pero solo sabemos que hay un contrato y su importe, no las exigencias a la empresa, el número de profesionales, qué tipo de prestaciones se ofrecen…», ha denunciado.

Prado lamenta el «oscurantismo» y «opacidad» con el que se gestiona el tema por parte del Ejecutivo gallego y considera que esta falta de conocimiento representa una «sospecha fundada» de lo que puede estar ocurriendo.

«Con estos audios sale a la luz pública lo que ya sabíamos: que las privadas buscan obtener el máximo beneficio. Hacen lo que haga falta para ganar dinero, incluso no atender pacientes. Porque cada euro que no se invierte en atender a pacientes es un euro más para las cajas de resultados de la empresa. Y eso es una actuación criminal», ha aseverado, pidiendo además una auditoría a la gestión por parte de la Xunta.

GÓMEZ CAAMAÑO VE «OPORTUNISMO POLÍTICO»

El conselleiro, por su parte, ha afeado el «oportunismo político» que, considera, demuestra el BNG al traer una interpelación sobre un contrato firmado hace nueve meses. «No vienen aquí porque les preocupe el contrato, sino porque escucharon que en Madrid es el tema de moda y están a ver si pueden sacar tajada política en Galicia», ha afeado.

Además, ha recordado que cuando el BNG tuvo «responsabilidades de gobierno», en referencia al bipartito, «no cambiaron la relación con Povisa». De hecho, ha matizado, el último contrato suscrito entre Sergas y Povisa cambia el concepto a ‘contrato de servicios’, lo que supone que la administración solo pague por los procedimientos «realmente realizados».

Se estipula además un tope de 97,4 millones de euros por año durante dos años. «La realidad es que la Xunta asigna menos dinero a Povisa que el bipartido», ha afirmado.

Gómez Caamaño ha insistido en que existen mecanismos de control «muy exigentes» para garantizar la misma atención en Povisa que en el Sergas, «con un seguimiento muy estricto» mediante una unidad específica de supervisión y control que trabaja desde el inicio del contrato y que está formada por profesionales del área sanitaria de Vigo.

Por último, ha lamentado el «oportunismo político» del que acusa al BNG al tratar de «sembrar dudas» sobre la asistencia médica que se presta en el centro. «Es una irresponsabilidad absoluta tratar de menoscabar con falsedades la confianza de la gente en los profesionales», ha asegurado, animándolos además a rectificar.