La senadora del BNG, Carme da Silva, defenderá en la cámara alta el próximo lunes una moción para instar al Gobierno a «cumplir de manera inmediata» con el Real Decreto 893/2024 y presentar tanto el Protocolo de actuación frente a las situaciones de violencia y acoso en el servicio del hogar como la Guía técnica para la prevención de los riesgos laborales en el trabajo doméstico.

En concreto, el BNG ha detallado en una nota de prensa que esta iniciativa se centra en la parte resolutiva de la norma y reclama que estos dos instrumentos fundamentales sean finalizados, publicados en las webs oficiales correspondientes y puestos a la disposición tanto de las personas empleadoras como de las trabajadoras del hogar.

«El Real Decreto 893/2024 supuso un avance histórico, pero sin estos instrumentos esenciales queda incompleto y pierde eficacia. No se puede hablar de protección real de la seguridad y de la salud laboral de las trabajadoras del hogar mientras el Gobierno incumple sus propios plazos y deja sin desarrollar herramientas claves frente a la violencia, el acoso y los riesgos laborales», han desgranado los nacionalistas.

De este modo, la moción insta a ultimar «cuanto antes» este protocolo de actuación, publicarlo en las páginas web del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del de Igualdad, además de hacerlo accesible en las Inspecciones de Trabajo.

En segundo lugar, exige que se presente «de inmediato» la Guía técnica en materia de prevención de riesgos laborales en el trabajo doméstico, publicarla en la web del Ministerio «y garantizar también su disponibilidad para empleadoras y trabajadoras».

SENTENCIAS SÁHARA OCCIDENTAL

En otro orden de asuntos, la eurodiputada del BNG Ana Miranda ha impulsado una conferencia centrada en «el impacto del acuerdo comercial entre la UE y Marruecos en el futuro proceso de paz en el Sáhara Occidental», en este contexto, ha criticado este acuerdo y ha reclamado que la UE «deje de expoliar» los recursos de este territorio.

Bajo su punto de vista, el pueblo saharaui «no puede pagar el precio de los intereses geopolíticos», motivo por el que ha reclamado también que «se cumplan las sentencias europeas y que la UE deje de saquear los recursos del Sáhara Occidental». Con todo, ha criticado la posición del Gobierno español y la ha calificado de «vengüenza».