El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha instado al Gobierno del Estado a actuar e impedir el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por Telefónica, al considerar que es «injustificado».

En un comunicado remitido a los medios, el parlamentario nacionalista informa de que ha registrado iniciativas de urgencia para reclamar la intervención inmediata del Ejecutivo estatal ante una medida que podría afectar a más de 150 trabajadores y trabajadoras en Galicia.

El Bloque sostiene que esta empresa, con 10% del capital en manos de la SEPI, «continúa presentando lucros millonarios»: «solo en 2024 declaró un lucro neto de 2.304 millones».

«No se puede permitir que una compañía con resultados favorables destruya empleo estable para proceder a procesos de externalización y precarización con el único objetivo de incrementar su margen de lucro», ha subrayado el parlamentario nacionalista.

Según ha señalado, con la reforma laboral de 2012 –que asegura que quedó casi intacta con la reforma hecha por PSOE y UP– se facilita este tipo de despidos colectivos. «Eliminar la autorización previa de la autoridad laboral y permitir justificaciones mínimas para aplicar un ERE permite que empresas, mismo con lucros millonarios, puedan hacer un ERE», critica Rego.

El BNG señala que Telefónica cuenta, en Galicia, con un cuadro de personal de personas de las que «150 podrían perder su puesto de trabajo», lo que considera que «supondría un impacto gravísimo para el empleo y para la calidad del servicio».

Ante esta situación, la organización nacionalista requiere al ejecutivo una valoración «pública y transparente» sobre el ERE y reconocer que la propuesta hecha por Telefónica «está injustificada» dada la situación económica de la empresa.

«El Gobierno debe emplear su posición como accionista, a través de la SEPI, para garantizar la defensa del empleo e intervenir como autoridad laboral en el proceso con el objetivo de bloquear la propuesta de ERE», ha afirmado Rego, que señala la necesidad de que se abra un diálogo con la representación sindical de los trabajadores para escuchar sus reivindicaciones y mediar para impedir la destrucción de «los más de 6.000 puestos de trabajo» en el conjunto del Estado.

Por último, vuelve a reclamar la derogación total de la reforma laboral de 2012 y «recuperar la autorización previa de la autoridad laboral en los despidos colectivos para evitar que las empresas puedan aplicarlos de forma unilateral».