El informe de la Valedora do Pobo correspondiente al ejercicio de 2024 ha sido objeto de debate este martes en el Parlamento de Galicia, en el arranque del pleno de esta semana, donde la oposición ha concluido que certifica la «mala gestión» de la Xunta –«es la prueba del algodón» de ello, en palabras del nacionalista Óscar Insua–.

Enfrente, aún admitiendo que en áreas como sanidad (que concentran el grueso de las quejas) se puede «mejorar», la viceportavoz popular, Paula Prado (PPdeG), ha defendido la labor del Gobierno gallego, al tiempo que ha atacado con dureza al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Los populares agradecen y se han comprometido a «tomar buena nota» de las recomendaciones de la Valedora para tratar de «seguir mejorando» los servicios públicos, pero sugieren que el resto de partidos deberían hacre lo mismo donde gobiernan. Por ejemplo, Prado ha aludido a las «numerosas» quejas en Santiago, donde Goretti Sanmartín (BNG) dirige el gobierno local.

El de este martes fue, en todo caso, un debate disperso tras una intervención inicial de la valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, para informar en el hemiciclo del contenido de un informe que ya fue presentado públicamente el mes pasado y debatido en comisión.

Entre las coincidencias, la parlamentaria socialista Paloma Castro y el nacionalista Óscar Insua han compartido que el alza de quejas –el número de asuntos abordados en 2024 es histórico– no solo refleja la confianza de la ciudadanía en la institución, sino que también certifica la «mala gestión» del Ejecutivo que lidera Alfonso Rueda.

«El análisis de este informe evidencia que nada nuevo bajo el sol, que las carencias en la gestión se perpetúan año tras año y eso que va todo fenomenal y somos pioneros en todo», ha ironizado Paloma Castro, quien al igual que Insua ha incidido en las quejas en sanidad y servicios sociales (residencias o Servizo de Axuda no Fogar –SAF–).

Prado ha reivindicado la labor del Gobierno gallego y, aunque en sanidad ha defendido que «siempre hay margen para mejorar», ha recalcado que la posición de Galicia no es mala en el conjunto estatal y ha apuntado al Gobierno por la falta de médicos, «recurso fundamental». Además, ha advertido que el Gobierno central «debe 3.000 millones» en materia de atención a la dependencia a Galicia.

«Si usted quiere, me comprometo a que todos los ayuntamientos del PP, junto con los del PSOE, podemos ir a Madrid a pedir que se nos den los 3.000 millones que se nos debe en dependencia. Con eso resolveríamos el problema del SAF», ha trasladado Prado a Paloma Castro.

PETICIÓN DE «IMPARCIALIDAD» DE OJEA

Antes, el diputado de Democracia Ourensana (DO), Armando Ojea, con el trasfondo de que el PSOE de Ourense se ha dirigido a la Valedora para pedir amparo ante la «deriva autoritaria y censura» que ve en el regidor Gonzalo Pérez Jácome, con el que el parlamentario comparte partido, ha aprovechado para trasladar a la valedora que «debe mantenerse imparcial en todo lo que tenga que ver con la actividad política».

«Tiene que mantenerse al margen de la actividad política de los partidos, sobre todo de los que tienen poder e incluso pueden estar en el Gobierno del Estado. No son colectivos en riesgo de exclusión, víctimas de violencia machista o de personas con discapacidad», ha advertido, convencido de que tratan de «instrumentalizar» a la institución. De este modo, la ha instado a no darles «titulares».

EL PSOE PONE EL FOCO EN LA TRANSPARENCIA

Por su parte, al margen del contenido del informe, la diputada socialista Paloma Castro ha denunciado especialmente la decisión del Ejecutivo gallego de retirar a la Valedora para «dejar en manos del Consello Consultivo», un órgano «cuya composición controla gracias a su mayoría absoluta», el peso del área de transparencia.

«Es un atentado a la independencia institucional y una forma de esquivar la rendición de cuentas. Rueda prefiere órganos que controla antes que instituciones libres y fiscalizadoras. Por eso manipula organismos, coloniza estructuras y modifica leyes a su antojo», ha esgrimido.

BNG: RENOVACIÓN Y CRÍTICAS AL «RUEDISMO»

El diputado nacionalista Óscar Insua, por su parte, se ha quejado de convivir con «el PP más ultra de la historia de la democracia» y, en términos ciclistas, ha lamentado que la Xunta solo actúe en modo de «ruedismo», en alusión a «ir a rebufo del camino que marcan otros: el cayetanismo, el ayusismo o el feijoísmo».

También ha bromeado con la manifestación del domingo en Madrid convocada por Feijóo: «Y allí van los del PPdeG a servir a los intereses políticos del PP más rancio de España, a coger pancartas, a la algarada y a crear tensión como estrategia política».

A renglón seguido, ha dado por hecho que «hasta que los de la ‘boina’ recuperen el poder en la dirección gallega del PP», no parece que la formación que dirige Rueda vaya a tener «autonomía ni para respirar». «Espero que al menos activen la renovación de la Valedora do Pobo (que está en funciones) sin esperar a que dicten instrucciones desde la metrópolis», ha apelado.

EL PP APUNTA A SÁNCHEZ

Prado, por su parte, ha alertado de la «situación de emergencia democrática que vive España, provocada por el progresivo proceso de colonización de instituciones y poderes concebidos para ser independientes y que, tristemente, están hoy al servicio de una única persona, Pedro Sánchez, y de una izquierda que perdió por completo el respeto a la democracia».

«Una izquierda que no respeta a la justicia. Solo así se entienden sus reacciones ante la anomalía democrática de tener en el cargo hasta el último minuto al primer fiscal general del Estado condenado e inhabilitado, o ataques violentos como el que el 25N instigó el BNG, a través de su sindicato, a la sede del PP de Santiago», ha manifestado.

Castro, en su turno, le ha replicado que le parece «una falta de respeto» que la también número dos del PP gallego aproveche el debate del informe para exponer «sus problemas personales». «Y por problemas personales me refiero a no gobernar en el Estado», ha sentenciado.

INFORME: QUEJAS AL ALZA

Antes del debate entre los grupos, la valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, ha destacado la «buena colaboración» de las instituciones en términos generales y ha aprovechado su intervención para repasar las principales preocupaciones y cifras del informe, ya presentado el mes pasado.

En síntesis, el documento constata un alza de quejas en un año en el que el número de expedientes se situó en 16.562 –un 0,88% más que los 16.417 de 2023– y, del total de asuntos abordados (4.155, cifra histórica en la institución), prima de nuevo sanidad como área que más preocupa a los gallegos.

Del total de quejas, 12.570 procedieron de campañas colectivas. Solo la movilización de O Carballiño por la sanidad pública aportó 8.541 reclamaciones, lo que explica que este municipio encabece tanto el volumen absoluto como la tasa relativa.

Con el foco ya en los asuntos –que alcanzan la cifra más alta de la historia de la institución (4.155)–, el 26,4% de los mismos están vinculados con sanidad. Las quejas abordan las esperas sanitarias (la institución resalta que se «solucionan» gran parte de las cuestiones tras su actuación ante la Consellería) y la falta de médicos de familia y de pediatras.

Le sigue Inclusión Social (con 530 asuntos de esta área, un 12,87%); Educación (con 299, un 7,2%), corporaciones locales y servicios municipales (con 294, un 7,08%) y empleo público (con 292, un 7,03%).

Del total de asuntos, la mayoría (un 65%) afectan a la Xunta –sobre todo a los departamentos de Sanidade, Política Social y Educación)– y el 34% restantes, a diputaciones y ayuntamientos.