El Parlamento de Galicia ha aprobado este martes la modificación de la Ley del Deporte de Galicia de 2012, unos cambios que permitirán que la Xunta ejerza la acción popular en procesos judiciales por violencia y que limitarán los mandatos de las federaciones, pero a un tiempo que podrá alcanzar un máximo de 20 años.

La proposición de ley ha salido adelante este martes en el pleno de la Cámara gallega con el voto a favor del Grupo Parlamentario Popular y el diputado de Democracia Ourensana. Por su parte, BNG y PSdeG han optado por la abstención al considerar que la modificación supone una «oportunidad perdida» para actualizar la norma.

La modificación consta de cuatro artículos, una disposición adicional y una disposición última y fue impulsada por los populares gallegos con el objetivo de que la Xunta pueda ejercer la acusación popular en los procedimientos penales derivados de episodios de violencia en el deporte.

Todo ello después de que en el pasado mes de febrero falleciese el hombre de 68 años que estuvo más de dos meses ingresado en la UCI tras sufrir una agresión durante un partido de balonmano cadete femenino entre el Sanxenxo Balonmán y el Club Rasoeiro disputado en Vilalonga en diciembre de 2024.

Además, elevará la exigencia de las normas de buen gobierno de las federaciones y limitará los mandatos en estas, pero, después del debate del proyecto en ponencia y tras los acuerdos alcanzados entre PP y BNG, a un tiempo que podrá alcanzar un máximo de 20 años.

Por último, la norma establece plazos, conforme a lo establecido en la Ley de régimen jurídico del sector público, para las infracciones y la prescripción de las sanciones: 3 años, 2 años y 6 meses para la prescripción de infracciones muy graves, graves y leves, respectivamente; y 3 años, 2 años y 1 año para la prescripción de sanciones muy graves, graves y leves.

LA OPOSICIÓN VE UNA «OPORTUNIDAD PERDIDA»

En su intervención, la diputada del PSdeG Paloma Castro ha lamentado que la reforma sea «una nueva oportunidad perdida» para garantizar un deporte «más inclusivo e igualitario», que sirva como herramienta frente a casos de ocio y violencia.

Paloma Castro ha asegurado que «introduce cambios innecesarios, redundantes o inadecuados» y que «no mejora lo anterior», sino que «introduce problemas nuevos».

En este punto, ha cuestionado la nueva limitación de mandatos en las federaciones deportivas para considerar que resulta «excesivamente uniformizadora», que no atiende a las singularidades de las disciplinas y es «poco respetuosa con la libertad asociativa» e incompatible con la norma estatal.

Además, ha acusado al PP de introducir estas limitaciones para «apartar a determinados presidentes» de federaciones «que no les gustan sin explicar por qué».

Por ello, ha reclamado una reforma «profunda» en la legislación sobre el deporte que ponga «a las personas en el centro» siguiendo el camino de la Ley del Deporte estatal de 2022.

EL BNG CITA A SANTALICES

Por su parte, el diputado del BNG Daniel Castro ha iniciado su turno de palabra recordado el discurso pronunciado por el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, en la apertura de la XII Legislatura, en la que animó a los parlamentarios a «primar la vertiente cualitativa sobre la cuantitativa» en la elaboración de las ley.

«Parece que en el PP insisten en no hacerle caso, porque sino me parece imposible encontrar explicaciones para esta ley del deporte, que lo único que generó fueron problemas y tiempo perdido», ha sostenido.

Daniel Castro, que ha considerado que la ley de 2012 «ya empieza a estar anticuada», ha calificado de «modificación pírrica» los cambios introducidos y ha apelado a la Xunta a «centrarse en los verdaderos problemas del deporte gallego» como el precio de las licencias y la falta de infraestructuras.

«Estos son los problemas a solventar y no la limitación de mandatos», ha sostenido para asegurar que, sobre todo en el caso de las federaciones que son más pequeñas «ya suficiente hacen con poder ponerse al frente». «Legislen con la cabeza y no vayan a golpe de titular», ha afirmado.

Enfrente, el diputado del PP Roberto Rodríguez ha rechazado que por estar ante una proposición de ley de cuatro artículos, una disposición adicional y una última se trate de una modificación «de poco o menor alcance».

«Lo que hoy traemos aquí no es una reforma menor, no es un simple retoque técnico, es una apuesta clara por garantizar que el deporte gallego siga siendo lo que quiere y debe de ser, un espacio de convivencia, de educación y de valores; libre de violencia y un ejemplo de buen gobierno», ha subrayado.

Además, ha defendido que las federaciones deportivas eleven el nivel de exigencia de sus normas de buen gobierno a través de principios que garanticen la gestión «irreprochable» de sus recursos financieros, los controles para evitar conflictos de intereses o la duración limitada de los cargos federativos, que se abordan en la modificación de tal forma que «para nadie pueda resultar traumático».

Por su parte, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, no utilizó su turno de palabra.

DECLARACIONES DE DIEGO CALVO

Tras el debate y en declaraciones a los medios en los pasillos del Parlamento de Galicia, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha puesto en valor que la reforma de la norma fuese aprobada sin votos en contra lo que, en su opinión, «avala un poco el sentido de la propia modificación».

Dicho esto, ha asegurado que era «importante» hacer una modificación de la ley para que la Xunta se pudiese personar en los juzgados en los casos de violencia en el deporte y poder tener amparo legal, así como para endurecer la prescripción de las sanciones y de las infracciones por parte de determinadas personas en el ámbito del deporte.

Además, ha dicho que era necesario actuar en la transparencia de forma que las federaciones van a poder contar con un código de buena conducta, de buen gobierno. «Y eso, lógicamente, en estos tiempos siempre va a mejorar transparencia y la mejor gestión en el ámbito federativo», ha finalizado.