El Pleno de la Diputación de Pontevedra ha aprobado este viernes una moción del Grupo del Partido Popular en la que se exige la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por el «mal funcionamiento» de las pulseras telemáticas de control para agresores por violencia machista.

La iniciativa contó con el apoyo en solitario del PP, mientras que el PSOE votó en contra y el BNG optó por la abstención al no aceptarse sus enmiendas, centradas en reforzar el personal del Imelga, mejorar la coordinación institucional y abordar los problemas de cobertura de estos dispositivos en Galicia.

La sesión rechazó también las mociones del Grupo Socialista para incrementar los recursos en el área de Igualdad –que solo recibió el apoyo del BNG– y la propuesta de transferencia a la Diputación de cuatro tramos de carreteras municipales en Rodeiro, al no aceptar el PSOE las enmiendas formuladas por el PP.

Por su parte, salió adelante el convenio entre la Diputación y la Consellería de Cultura para la rehabilitación del Teatro Cine Fraga de Vigo. El acuerdo, aprobado con los votos favorables del PP, la abstención del BNG y el voto en contra del PSOE, supone una inversión provincial de 10,2 millones de euros entre 2025 y 2028 para financiar la redacción del proyecto, la ejecución de las obras y la dirección de los trabajos.

También se aprobó el convenio con la UNED para la asistencia técnica en el proyecto de mejora de la eficiencia energética de la fachada de su centro en Pontevedra, con apoyos de PP y PSOE y la abstención del BNG, que reclamó más medios para el servicio de Arquitectura de la Diputación con el fin de avanzar en los proyectos de Santa Clara y en los edificios centrales del Museo.

Además, se autorizó una modificación de crédito para el desarrollo del programa europeo «A.W.A.V.E.S», destinado a la puesta en valor del patrimonio marítimo material e inmaterial. La operación, por importe de 40.000 euros, recibió el voto favorable del PP y la abstención de socialistas y nacionalistas.

Por último, se aprobó el cambio de titularidad de un tramo de la carretera provincial EP-0203 entre Caritel y Anceu en favor del Ayuntamiento de Ponte Caldelas, así como la prórroga de los plazos para solicitar y ejecutar inversiones de la Línea 1 del Plan+Provincia 2024, que se extienden ahora hasta finales de 2026 para facilitar la gestión de los ayuntamientos que están encontrando dificultades administrativas.