Esquerra (ERC), Bildu, el PNV, el BNG, Compromís e integrantes de Sumar como los Comuns y Mes per Mallorca, todos ellos socios parlamentarios del Gobierno, han presentado este miércoles una proposición de ley orgánica para que los documentos en catalán, euskera, gallego, valenciano o mallorquín sean oficiales en toda España ante la Administración y sin necesidad de traducción al castellano.

Éste es uno de los puntos principales de la Proposición de Ley Orgánica de Garantía del Plurilingüismo y de los Derechos Lingüísticos de la Ciudadanía, que está firmada por 22 diputados de seis grupos parlamentarios que tienen una causa común, que es compensar y corregir lo que consideran «el desequilibrio y error histórico» de colocar al castellano, a su juicio, «en una situación de privilegio» en el funcionamiento real de las instituciones del Estado

Con esta iniciativa legislativa, que ha redactado el que fuera portavoz de ERC Joan Ridao, los grupos firmantes recuerdan que, pese al reconocimiento constitucional de la diversidad lingüística, el mandato protector del artículo 3.3 de la Carta Magna «continúa sin desplegarse de forma efectiva» y que persisten normas y prácticas que «penalizan la doble oficialidad».

La propuesta legislativa sitúa como objetivo central garantizar que cualquier ciudadano pueda ejercer su derecho a relacionarse con los órganos del Poder Judicial, las instituciones constitucionales y la Administración General del Estado en cualquiera de las lenguas oficiales del territorio, «con plena validez jurídica». Para ese fin, introduce obligaciones claras de capacitación lingüística en justicia, función pública y contratación, y dota de herramientas para asegurar el respeto al derecho de opción lingüística.

Entre los ejes de la reforma destacan medidas decisivas en la Administración de Justicia, como el requisito de conocimiento de la lengua propia para acceder a plazas en comunidades con lengua oficial distinta del castellano o la validez plena de documentos judiciales sin traducción, así como la adaptación integral de los procedimientos administrativos y de las plataformas digitales a todas las lenguas oficiales.

NORMA VEHICULAR EN LA EDUCACIÓN

La iniciativa también incorpora criterios lingüísticos transversales en la contratación pública y regula ámbitos sectoriales clave, como consumo, seguridad, transporte o comunicación audiovisual, donde se refuerza de manera significativa la presencia y uso de las lenguas oficiales distintas del castellano.

En el ámbito educativo, la ley establece que la lengua propia de cada comunidad autónoma «será normalmente vehicular», con el objetivo de garantizar que el alumnado domine tanto esa lengua como el castellano al finalizar la educación básica.

En rueda de prensa, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha celebrado que con esta ley los ciudadanos que hablan, sienten y piensan en lenguas distintas al castellano puedan comunicarse con todas las instituciones del Estado en sus respectivas lenguas.

Según ha dicho, su iniciativa no pretende excluir a nadie y, de hecho, ha apuntado que está abierta a que otras formaciones, como Junts, se sumen. Los firmantes de la iniciativa han hablado con los de Carles Puigdemont para ver si se adherían a la misma pero han lamentado que, de entrada, se haya autoexcluido. Aún así, les han animado a que repiensen su posición y «se suban al barco».

También han conversado con el PSOE, que estaba pergeñando una iniciativa en la misma línea, y parece que los socialistas están abiertos a su tramitación pese a que reconocen que hay cuestiones que son más difíciles para ellos, como es todo lo que afecta al Poder Judicial.

QUE SÁNCHEZ HAGA LO MISMO QUE EN EUROPA

De su lado, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, considera que es «imprescindible» aumentar la protección jurídica del euskera para evitar la ofensiva política y judicial que está sufriendo, y que esta ley no sólo será «un refugio jurídico más adecuado», sino que además contribuirá a equilibrar «la asimetría estructural» que hay entre la euskera y el castellano. Además, ha dicho que es necesario que el Gobierno reconozca el carácter plurilingüe del Estado de la misma forma que lo promueve.

La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha denunciado, por su parte, que no se esté cumpliendo ni garantizando a aquellas personas que tienen más de una lengua oficial que la puedan utilizar en todo país, pese a que su partido ha estado trabajando en este asunto desde que el Gobierno firmó la Carta Europea de Lenguas Minoritarias.

El representante de Mès, Vicenç Vidal, ha subrayado la necesidad de que se garanticen el plurilingüismo en España y, singularmente en Baleares, donde su lengua «se erosiona cada día» al impedirse a la ciudadanía dirigirse con normalidad a la Administración del Estado, mientras que el diputado del BNG, Néstor Rego, sostiene que esta ley supone poner fin a una asimetría «muy grande» entre el castellano y el gallego y garantizar los derechos lingüísticos de forma plena en toda España.

Desde Compromís, la diputada Águeda Micó, adscrita al Grupo Mixto, ha subrayado que es fundamental aprobar esta ley cuando, entre otras cosas, la Generalitat Valenciana va a hacer una consulta a las escuelas para evitar que los niños puedan hablar y estudiar en su lengua. Por su parte, el diputado de Compromís que permanece en Sumar, Alberto Ibáñez, ha apuntado que el compromiso tanto de su compañera como de él con la defensa de la lengua valenciana es «un pilar clave» en un momento de «amenaza» del Gobierno de la Generalitat,

La coordinadora nacional de los Comuns en el Congreso, Candela López, que también ha intervenido en la comparecencia, ha apuntado que el catalán ahora mismo vive también «una situación de emergencia» en Cataluña porque su uso social está «en retroceso». De ahí su voluntad por revertir esta tendencia y buscar consensos amplios que frenen el ataque constante por parte de la derecha y la extrema derecha a nuestros derechos lingüísticos.