Diputados de Esquerra Republicana (ERC), Más País, Compromís y el BNG han registrado en el Congreso la iniciativa legislativa promovida por la plataforma Xnet para regular la figura de los «alertadores» de la corrupción, una reclamación que España tiene pendiente y que se repite en los informes anuales del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa.

Se trata de una ley para transponer la directiva europea de Alertadores (‘whistleblowers’, en inglés), una herramienta considerada clave para armonizar dentro de la UE la lucha contra el abuso de poder, la corrupción y los delitos económicos. La normativa comunitaria se aprobó en abril y su entrada en vigor está programada para dentro de diez días.

Esta adaptación española ha sido redactada por la plataforma Xnet, una organización pionera en España en la defensa de los derechos de los alertadores y en la creación de canales anónimos de alerta, que ha trabajado en coordinación con la red internacional WIN (Whistleblowing International Network) y con el apoyo de Government Accountability Project (GAP), Blueprint for Free Speech y de Eva Joly, magistrada y ex eurodiputada líder en la lucha para la defensa de los alertadores y contra la corrupción, así como de alertadores como Luis Gonzalo Segura, ex-teniente del Ejército de Tierra.

LA PASADA LEGISLATURA NO PUDO DISCUTIRSE

Conscientes de que el camino de las firmas para una Iniciativa Legislativa Popular(ILP) resulta «farragoso» y «agotador», la plataforma prefirió ofrecer su texto a los partidos para que ellos lo presentaran directamente en el Congreso, y tanto ERC como Más País, Compromís y BNG aceptaron hacer suya la proposición de ley para poder registrarla sin dilación. Ya se hizo así la pasada legislatura, pero al disolverse las Cortes la iniciativa caducó.

Su entrada en el Congreso llega a diez días de la entrada en vigor de la Directiva en Europa, programada para el día 17 de diciembre, y tres semanas después de la publicación de dos informes elaborados por el GRECO en los que se apremia a España en la lucha de contra la corrupción y se lamenta que todavía no haya introducido un marco integral y eficaz para la protección de los denunciantes.

Aquella Directiva, que fue aprobada con un amplio consenso de todos los grupos en la Eurocámara (591 votos a favor por 29 en contra y 33 abstenciones), culminaba un largo proceso de negociación entre organizaciones de la sociedad civil y las instituciones europeas (Parlamento, Comisión y Consejo), un proceso en el que Xnet y la red WIN han sido especialmente activa, y que su relatora, la eurodiputada del grupo socialista Virginie Rozière, describió como un ejemplo modélico de colaboración entre sociedad civil, grupos políticos e instituciones europeas. El trabajo del grupo Los Verdes-ALE también fue crucial para su creación, recuerda Xnet.

La plataforma recuerda que la directiva significó también un punto de inflexión en el reconocimiento y la protección legal de la figura del alertador a nivel europeo, dotado a partir de ahora de una legislación fuerte y transversal, en favor no sólo de la lucha contra la corrupción y el fraude, sino también contra cualquier abuso en los ámbitos de interés general: la salud, el medio ambiente, la justicia, la democracia, la protección de los consumidores, abarcando, además, tanto al sector público como al privado.

LOS ESTÁNDARES MÁS EXIGENTES

La proposición de Ley Integral de Alertadores impulsada por Xnet contiene los estándares internacionales más exigentes. Por una parte, integra las experiencias más rigurosas de otros países y, por otra, adapta los elementos de la directiva europea profundizando en los aspectos que dependen de su trasposición nacional.

Como ocurrió en el Parlamento Europeo, la trasposición española aspira a obtener un consenso lo más amplio posible en el Congreso. De ser aprobada, convertiría a España en el primer país de la UE en trasponer la directiva, un hecho especialmente relevante para un país en que los alertadores carecen de protección alguna y que, por otra parte, padece un alto grado de corrupción.

En los últimos años, Xnet ha participado en legislaciones autonómicas y nacionales de lucha contra la corrupción y es responsable de la puesta en marcha de buzones anónimos de denuncia en administraciones e instituciones de toda España, empezando por el Ayuntamiento de Barcelona, que fue el primer buzón anónimo gubernamental en utilizar tecnologías de anonimato como Tor.